Habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara reportan agua con mal olor y posibles contaminantes; Lemus anuncia medidas para atender el problema y Sheinbaum señala pendientes en el proyecto del acueducto.
La calidad del suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) desencadenó un complejo escenario social, técnico y político. Lo que inició como una serie de reportes ciudadanos por malos olores y agua turbia derivó en movilizaciones sociales y en una revisión de las obras de infraestructura que la entidad.
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Para comprender el panorama completo, te presentamos las claves de la situación actual en Jalisco.
Desde hace varios meses, habitantes de distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara han reportado que el agua que llega a sus viviendas presenta mal olor y cambios de color. También han denunciado molestias y problemas de salud, por lo que organizaciones ciudadanas realizaron análisis para identificar posibles contaminantes en el suministro.
Los resultados de estas pruebas, realizadas por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y difundidos por El Informador el pasado 5 de octubre, confirmaron la presencia de metales pesados en la red. El ejercicio analizó 256 muestras recolectadas por la población en 110 colonias de cinco municipios, detectando plomo en 32 de ellas, mercurio en 17 y aluminio en otras 15.
El reporte también recopiló mil 323 quejas sobre la calidad del agua en 452 colonias y testimonios de 766 personas que dijeron haber experimentado afectaciones a su salud.
Por su parte, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, conocido como SIAPA, ha informado sobre trabajos para mejorar el suministro. Entre las acciones señaladas por las autoridades se encuentran la atención a la planta potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, y la limpieza de líneas de distribución después de los reportes de agua con color y olor inusuales.
La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reconoció que el problema del agua debe ser resuelto entre autoridades municipales, estatales y federales; y solicitó mayor presupuesto para mejorar la infrastructura.
Sin embargo, la diputada federal Mery Pozos, afirma que no se trata de un tema de presupuesto, ya que el gobierno municipal ha tenido las participaciones correspondientes.
La legisladora indicó que en el ejercicio fiscal pasado, tuvieron un subjercicio de 12 mil millones de pesos, que luego corrigieron con un dedazo y quitaron este cero “al estilo Salinas” “y convirtieron este subjercicio en mil 200 millones de pesos que le tuvieron que regresar a la Federación”.
Indicó que las razones por la que se regresó este monto es porque la administración municipal no tiene la capacidad o la voluntad para resolverlo.
“No es un tema de que estuviera etiquetado para fiestas, como le gusta a Movimiento Ciudadano, o para conciertos; no, era un presupuesto que estaba etiquetado para seguridad e infraestructura, que es de lo que más adolece Guadalajara”, subrayó.
Para resolver el problema de fondo, el gobernador Pablo Lemus Navarro presentó una apuesta de infraestructura: la construcción del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, un proyecto presupuestado en 11 mil 992 millones de pesos.
La propuesta contempla un esquema de ejecución denominado CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) que debe atravesar el filtro del Congreso local.
El gobernador ha asegurado que el agua no será privatizada, que el servicio no se entregará a una empresa y que no habrá aumentos en las tarifas por ese motivo.
Otra de las acciones anunciadas fue reducir el suministro procedente de la zona de Las Pintas y modernizar la planta potabilizadora número 1, en Miravalle.
El problema del agua llegó hasta la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema y su respuesta fue directa contra el exgobernador de la entidad: Enrique Alfaro.
Según la mandataria, durante el gobierno del exgobernador de Jalisco no se concluyó una parte del acueducto necesaria para aprovechar el proyecto de abastecimiento.
La mandataria recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se construyó la presa El Zapotillo, pero sostuvo que quedó pendiente completar infraestructura para llevar el agua a Guadalajara.
“Lo que tenemos que hacer es resolverlo, pero resolverlo en un acuerdo, en donde primero ves las medidas emergentes que se tienen que hacer y segundo pues el programa de largo plazo. Eso hizo el presidente López Obrador con el gobernador Alfaro. El presidente López Obrador cumplió. El gobernador Alfaro pues no cumplió con su parte. Incluso él hizo otras obras de agua que no resolvieron el problema”, dijo en su conferencia.
La presidenta también indicó que la Comisión Nacional del Agua mantiene conversaciones con el gobierno de Lemus para revisar la propuesta estatal y encontrar una alternativa técnica y financiera sostenible. Añadió que la Secretaría de Gobernación podría intervenir si las autoridades requieren mediación.
Sheinbaum señaló que el gobierno federal está dispuesto a colaborar para resolver el problema, pero cuestionó el modelo de financiamiento que se ha planteado para el nuevo acueducto, debido a sus posibles implicaciones para la operación del servicio.
El punto de máxima tensión se materializó el domingo 11 de octubre. Una marcha masiva que reunió a cerca de 10 mil personas avanzó de la glorieta de La Minerva con dirección a Casa Jalisco para exigir garantías de agua limpia.
Lo que transcurrió como una jornada pacífica durante dos horas se descarriló al llegar a la residencia oficial. De acuerdo con la versión del Ejecutivo estatal, un contingente de aproximadamente 400 personas con el rostro cubierto irrumpió en la movilización con objetos contundentes y petardos, derivando en un choque de tres horas con las fuerzas navales y policiales.
Lemus informó que hubo 39 personas detenidas y 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad. También dijo que ordenó revisar los videos del operativo para investigar la actuación de los elementos de seguridad y sancionar posibles excesos en el uso de la fuerza. En su primera actualización, señaló que 12 personas detenidas ya habían sido liberadas.
Por otra parte, reportes periodísticos y organizaciones civiles denunciaron el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra manifestantes.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación por posibles abusos, mientras familiares y colectivos pidieron información sobre la situación de las personas detenidas.
