Los mismos criminales de siempre

Doce personas asesinadas en dos días dentro del penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, no son solo una crisis local. Son el retrato de cuerpo entero de un sistema penitenciario que perdió la capacidad de garantizar la vida de quienes custodia.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que recientemente publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló lo de siempre: la sobrepoblación y el hacinamiento en gran parte de los penales exponen a las personas privadas de la libertad a múltiples factores de riesgo.

Las fallas estructurales de los penales federales y estatales persisten desde hace tres décadas, con escasez de custodios, mecanismos de prevención que no funcionan y problemas de gobernabilidad.

¿El resultado? Solo en 2025 se registraron 55 homicidios en penales estatales y federales, 103% más que en 2024. De ellos, 51 ocurrieron en cárceles estatales y cuatro en centros federales. Sinaloa encabezó la lista con 10 víctimas; le siguieron Estado de México con ocho, Tabasco con siete y Guerrero con seis.

Las causas se repiten: disputas por el control de áreas, enfrentamientos entre grupos antagónicos, deudas económicas, conflictos personales y tensiones que vienen de fuera de los muros.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pidió al Congreso más de 23 mil millones de pesos para el sistema penitenciario y alrededor de 2 mil 125 millones para rehabilitar seis centros federales. La inversión es considerable. Pero el tamaño del presupuesto no explica qué problema se pretende corregir.

¿Qué quiere Omar García Harfuch: rehabilitar instalaciones o controlar el sistema penitenciario?

La diferencia es fundamental. Porque una cárcel puede tener infraestructura renovada y seguir padeciendo fallas de autoridad. Puede tener cámaras nuevas y conservar mercados clandestinos. Puede permitir que grupos internos impongan reglas, cobros o privilegios.

Reparar dormitorios, bardas, puertas o sistemas de vigilancia puede ser necesario, pero ninguna obra garantiza por sí sola que desaparezcan la extorsión, la corrupción, la entrada de drogas y teléfonos, los privilegios o las estructuras criminales que operan dentro de una prisión.

El Gobierno de México tiene derecho a pedir recursos para mejorar los centros penitenciarios, pero también tiene la obligación de explicar qué resultados espera obtener. Y el Congreso debería exigir algo más que presupuestos de obra: indicadores de control, custodia, comunicaciones, objetos prohibidos, corrupción, violencia y reinserción.

Porque si al terminar las obras siguen entrando teléfonos y drogas, persisten los privilegios, continúan las extorsiones y los grupos internos conservan la capacidad de imponer sus propias reglas, lo que se habrá rehabilitado son edificios, no prisiones.

Esas son las preguntas que el secretario García Harfuch tendría que responder. ¿Quién controla las comunicaciones? ¿Quién decide qué entra? ¿Quién determina los privilegios? ¿Quién impide que desde una celda siga operando una extorsión? ¿Cuántos custodios hay y cuántos harían falta? ¿Qué porcentaje de quienes salen vuelve a delinquir?

Mientras no haya respuestas, el Estado seguirá administrando muros, y quienes mandan adentro seguirán siendo los mismos. Sí, los mismos criminales de siempre.