
Víctor Carvente Contreras, titular del OIC del INE, quedó bajo cuestionamiento por su actuación frente a presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés dentro del organismo. - Foto: Facebook
El titular del Órgano Interno de Control del INE reportó 37 investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones y conflictos de interés, pero su actuación quedó bajo cuestionamiento por el manejo y seguimiento de los posibles casos.

Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), quedó bajo cuestionamiento por su actuación frente a presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés dentro del organismo, luego de que se dieran a conocer investigaciones relacionadas con proveedores cercanos a la ahora exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
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El caso tomó relevancia después de que Carvente informara sobre 37 investigaciones abiertas por posibles faltas administrativas, mientras que El Universal señaló que el órgano fiscalizador ya tenía conocimiento de algunos de los hechos desde meses atrás, sin que se hubieran presentado las denuncias correspondientes.
De acuerdo con el perfil oficial del INE, Carvente Contreras es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.
También cuenta con una especialidad en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y una maestría en Políticas Anticorrupción, ambas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente cursa la Licenciatura en Derecho en la UNAM.
Antes de llegar al INE, se desempeñó en áreas de auditoría y contraloría en la alcaldía Tláhuac, las alcaldías Magdalena Contreras y Xochimilco, el Colegio de Postgraduados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Lotería Nacional. La Cámara de Diputados lo designó titular del OIC del INE en diciembre de 2024.
El órgano que encabeza tiene entre sus funciones revisar, fiscalizar e investigar el uso de los recursos y el patrimonio del instituto, así como determinar responsabilidades administrativas de sus servidores públicos.

El OIC informó que tiene abiertas 37 investigaciones: 13 expedientes iniciales relacionados con señalamientos difundidos públicamente y otros 24 derivados de auditorías y revisiones internas. Nueve indagatorias corresponden a procedimientos de adquisiciones públicas e involucran, según el órgano, a personas servidoras y exservidoras públicas, personas físicas y empresas.
Entre las conductas investigadas están posibles conflictos de interés, abuso de funciones, simulación de requisitos en contrataciones, uso irregular de recursos públicos y omisiones en la supervisión de bienes y servicios. El órgano también reportó que, desde enero de 2025, emitió 20 sanciones, 19 de ellas inhabilitaciones.
Una de las revisiones se relaciona con la licitación LP-INE-057/2023, en la que se encontraron inconsistencias en documentos fiscales y de seguridad social de una empresa contratista, además de deficiencias en los mecanismos de verificación del instituto.

La polémica aumentó después de que El Universal reportó que las indagatorias sobre contratos con proveedores cercanos a Taddei comenzaron más de seis meses antes, pero no se presentaron las denuncias correspondientes.
El diario también retomó declaraciones que Carvente hizo el 9 de septiembre ante legisladores, cuando informó sobre depósitos bancarios de proveedores a servidores públicos, participación no declarada en empresas y omisiones patrimoniales de hasta 5.6 millones de pesos.
En esa comparecencia, el funcionario sostuvo que el OIC enfrenta limitaciones para acceder a información fiscal y bancaria, pues el SAT no le permite realizar ciertos cruces de datos que sí puede efectuar la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Afirmó que esa restricción dificulta detectar oportunamente posibles conflictos de interés y triangulaciones financieras.
Además de las dudas sobre la fiscalización de contratos, El Universal reportó cuestionamientos al uso del órgano de control durante la gestión de Carvente. Según esa publicación, a finales de 2025 el OIC reactivó una queja presentada por Morena y archivada desde diciembre de 2021, relacionada con la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato.
El procedimiento involucró a las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, así como al consejero Jaime Rivera, quienes habían mantenido diferencias con la presidencia del instituto. De acuerdo con el diario, los consejeros criticaron la actuación y la calificaron como una “cacería de brujas”.

Tras ser cuestionada sobre el desempeño del OIC luego de la renuncia de Taddei, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la Cámara de Diputados decidir si Carvente permanece en el cargo o es sustituido.
Sin embargo, insistió en que la ASF debe realizar una auditoría amplia, que no se limite al último año y que revise los señalamientos acumulados.
“Es necesario”, afirmó la mandataria al pedir que se esclarezcan los hechos, se transparenten las auditorías y se deslinden responsabilidades. También llamó al OIC a entregar a la ASF la información con la que cuenta.

Por otro lado, el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que Víctor Carvente Contreras comparecerá ante la Cámara Baja para responder a los cuestionamientos sobre su actuación dentro del organismo.
“Va a comparecer en los próximos días ante la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y ante la propia Junta de Coordinación Política”, explicó, al tiempo que adelantó que espera que el acto se realice en esta misma semana.