
Guadalajara, Jalisco, está en medio de una crisis de agua potable - Foto: Desconocido
Funcionarios de Jalisco compadecieron ante el Congreso para explicar lo sucedido en Guadalajara, Jalisco.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, informó que se investigará la actuación de 17 policías, entre ellos tres altos mandos, por posibles actuaciones irregulares durante las protestas del pasado 11 de octubre, en el que la ciudadanía exigió solución al problema del agua.
El Gabinete de Seguridad fue convocado para explicar cómo se planeó y ejecutó el operativo policial para contener las marchas pacíficas.
Durante su comparecencia ante el Congreso de Jalisco, realizada el 5 de noviembre, el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, informó que los 237 elementos que participaron en el operativo deberán rendir informes ante Asuntos Internos para reconstruir los hechos y esclarecer posibles abusos cometidos contra los manifestantes.
En la comparecencia también participaron el secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid; el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.
Las autoridades reconocieron que hay elementos bajo revisión por posibles irregularidades, pero no identificaron públicamente quién dio las órdenes para desplegar la fuerza, utilizar chorros de agua y gases o realizar las detenciones a ciudadanos.

Carlos Arias Madrid negó que el Gobierno estatal hubiera ordenado agredir o lesionar a los manifestantes. Sostuvo que cualquier exceso cometido por elementos policiales debe investigarse y sancionarse si se comprueba.
Asimismo, Roberto Alarcón afirmó que la mayoría de los asistentes se manifestó pacíficamente y que quienes hayan cometido abusos deberán enfrentar las consecuencias correspondientes. Juan Pablo Hernández defendió que el operativo contempló distintos niveles de intervención y aseguró que se revisará la actuación de los policías.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de los legisladores fue conocer quién autorizó el uso de gases lacrimógenos, chorros de agua y las detenciones.
Mexicanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, enfrentan una crisis por la mala calidad del agua potable que llega a sus hogares. Desde hace meses, vecinos de distintos municipios han denunciado que el agua presenta coloraciones amarillas, cafés e incluso negras, además de sedimentos y olores como los del drenaje.
Organizaciones ciudadanas también han advertido sobre contaminantes, como bacterias fecales y metales pesados, por lo que han exigido a las autoridades garantizar que el suministro sea seguro para el consumo humano.
Ante las denuncias, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció el 6 de octubre que la entidad atravesaba una crisis de agua potable y anunció que dejarían de utilizar temporalmente el agua proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, debido a los problemas de contaminación detectados en estas fuentes.
La molestia ciudadana llegó a las calles el 11 de octubre, cuando miles de personas participaron en una marcha que partió de la Glorieta de La Minerva y avanzó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, para exigir agua limpia y soluciones definitivas. Sin embargo, la movilización terminó en enfrentamientos entre algunos manifestantes y policías, que utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua limpia a presión para dispersarlos.