Congreso de Guerrero frena polémica sobre sueldos

El Congreso de Guerrero desmintió la información sobre los ingresos de los diputados difundida recientemente en medios nacionales y redes sociales, calificándola de errónea y sustentada en documentos falsos para desprestigiar a la legislatura.

A través de un comunicado emitido por la Junta de Coordinación Política, el órgano legislativo rechazó las versiones públicas que atribuyen montos distintos a las percepciones de los legisladores locales en diversos medios de comunicación y redes sociales.

En el posicionamiento, firmado por representantes de todas las fuerzas políticas del Congreso estatal, se precisó que la remuneración neta que recibe cada integrante corresponde a una cifra fija mensual tras las deducciones fiscales y administrativas correspondientes.

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Los integrantes de la Junta indicaron que el monto real percibido asciende a 40 mil pesos mensuales, cantidad establecida de manera formal luego de aplicar las retenciones de impuestos y los descuentos determinados conforme a la legislación aplicable.

Los legisladores acusaron que existe la intención de presentar ante la opinión pública los recursos asignados para la realización del trabajo parlamentario ordinario como si formaran parte directa de sus percepciones personales o de su salario.

Al respecto, la representación parlamentaria aclaró que las partidas presupuestales destinadas a gestoría social, trabajo técnico legislativo y atención comunitaria no constituyen sueldos, bonos ni beneficios personales, al tratarse de asignaciones institucionales para apoyar causas sociales y solicitudes ciudadanas.

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Asimismo, enfatizó que dichos recursos institucionales tienen como función respaldar la labor legislativa y la asistencia social, además de encontrarse sujetos a mecanismos permanentes de fiscalización, comprobación rigurosa y auditoría pública establecidos en la ley.

En su comunicado, los legisladores locales denunciaron la gravedad de estas campañas, las cuales, afirmaron, confunden y generan encono que vulnera su seguridad e integridad física.

Por ello, exigieron una investigación a fondo para dar con las y los responsables de fabricar y difundir este material apócrifo.