Ley de Rentas en CDMX: los riesgos del nuevo candado a los alquileres

La propuesta legislativa para abaratar los alquileres en la Ciudad de México podría terminar perjudicando a miles de personas que buscan una oportunidad de rentar una vivienda en la capital del país.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó al Congreso capitalino la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias, Rentas Justas y Asequibles de la Ciudad de México. Esta iniciativa crea la Defensoría de Relaciones Inquilinarias, prohíbe rechazar a inquilinos por tener hijos o mascotas, y fija multas de hasta 46 mil 924 pesos para propietarios que eleven las rentas por encima de la inflación anual del Inegi.

Aunque la medida suena atractiva a primera vista, introduce un candado de fondo: el límite de precio se mantendrá fijo incluso cuando cambie de inquilino. En términos prácticos, el inmueble queda congelado para siempre.

El efecto búmeran: menos departamentos disponibles

Ante este escenario se advierte que la iniciativa desatará un efecto dominó negativo en la oferta habitacional. Cuando las reglas castigan el rendimiento de la propiedad privada, muchos caseros optan por retirar sus inmuebles del mercado.

El resultado inmediato no será un acceso más barato para la gente que busca mudarse, sino una sequía de opciones. Mientras quien ya tiene contrato conserva su tarifa protegida, quien necesita cambiarse de casa o llega por primera vez a la ciudad competirá por una cantidad mucho menor de departamentos.

El candado que congela el valor del inmueble

Desde agosto de 2024, el Código Civil local limitaba los aumentos dentro de un mismo contrato a la inflación anual. El giro de la propuesta de Brugada es que este límite ya no seguirá a la persona, sino a la vivienda: el precio no podrá rebasar la inflación reportada por el Inegi sin importar si el inquilino cambia o se firma un contrato nuevo.

La única excepción permitida exigirá solicitar un permiso especial tras comprobar mejoras sustanciales en el inmueble. El objetivo oficial es evitar que los caseros terminen convenios para elevar el cobro al siguiente ocupante, pero en los hechos significa congelar el valor de la vivienda de forma permanente.

El deterioro físico de las viviendas representa otra de las consecuencias directas de topar los ingresos de los arrendadores. Si el dueño apenas cubre los costos de mantenimiento frente a la inflación real, el dinero para reparar tuberías, impermeabilizar o renovar instalaciones simplemente se evapora.

A esto se suma el riesgo de aumentos preventivos desmedidos. Antes de que la ley entre en vigor, los propietarios buscarán fijar el precio más alto posible para protegerse de los topes futuros, encareciendo de golpe el mercado para quienes buscan independizarse en el corto plazo.

Trabas burocráticas y requisitos informales

El paquete normativo estipula también la creación de un registro digital a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). En caso de no registrar el arrendamiento en 30 días, la omisión se castigará con multas de uno a tres meses del valor del alquiler, además de privar al contrato de validez legal.

Esta sanción no solo impacta a grandes corporativos, sino a jubilados y familias que dependen de una renta para completar su gasto mensual.

La ley también prohibirá trasladar a los inquilinos el cobro de pólizas jurídicas o gastos de investigación crediticia, y limitará las garantías a una sola. Al quedar desprovistos de filtros legales de certeza, el filtro se volverá personal y excluyente, dado que los arrendadores se inclinarán por rentar únicamente a conocidos o endurecerán exigencias informales que dejarán fuera a profesionistas jóvenes y trabajadores sin nómina fija y familias de bajos ingresos.

Menos movilidad y expulsión a la periferia

El congelamiento de precios destruye la rotación natural de la ciudad. Las personas evitan cambiar de residencia aunque cambien de empleo o crezca su familia para no perder su tarifa protegida, reduciendo a cero el flujo en colonias céntricas.

Para personas que viven en las periferias de la CDMX, el panorama no se traduce en justicia social, sino en mayores traslados y menos alternativas. Sin departamentos disponibles en las alcaldías centrales, la única salida para las nuevas generaciones volverá a ser la periferia lejana, repitiendo el problema de fondo que la regulación prometía resolver.