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Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro.com

Castigo a facturas falsas, ¿terrorismo fiscal?: esto aprobó el Senado

Mié 11 Septiembre 2019 19:30

El Senado de la República aprobó las reformas legales para combatir a las empresas “fantasmas” y las facturas falsas, al catalogar esos delitos como delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional. La discusión previa generó la percepción de que se establecerían las condiciones para un ambiente de “terrorismo fiscal”; la fracción de Morena hizo ajustes para despejar cualquier duda al respecto. 

Con 82 votos en favor y 34 en contra, el Pleno avaló reformas a cinco ordenamientos en lo general y en lo particular, a propuesta del senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de de Morena, se modificó el dictamen en los últimos momentos del debate.

La pena más emblemática en estos cambios es que la prisión preventiva oficiosa únicamente aplicará cuando la defraudación fiscal con facturas falsas sea superior a ocho millones de pesos.


Monreal Ávila explicó que quienes incurran en ese delito por una cifra inferior podrán enfrentar su proceso y defenderse en libertad. Aseguró que esos cambios legales no “son actos de terrorismo fiscal”, pues no protegen a grandes evasores y no afectan al contribuyente engañado por su contador.

De igual manera se determinó el cargo de delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño al erario sea superior a siete millones 804 mil 230 pesos.

También se marca una sanción de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; es decir, cuando el delito sea cometido por un contribuyente o dos.

Buscando cubrir todas las aristas del fenómeno será castigado con las mismas penas todo aquel que anuncie, por la vía que sea, comprar o vender las facturas que amparen operaciones “fantasma” o actos jurídicos simulados.


La discusión de estas reformas alcanzó ciertos niveles de tensión política. El PAN y el PRI consideraron un exceso equiparar los delitos fiscales con los que atentan contra la seguridad nacional, como el terrorismo, el  genocidio, el sabotaje y los ataques nucleares.

Fue entonces que Ricardo Monreal presentó los cambios al dictamen, en el que puso la cifra de más de ocho millones de pesos para considerar el delito de las facturas falsas como delincuencia organizada y aplicar prisión preventiva oficiosa; de esa manera los demás legisladores bajaron sus reservas.

Se pusieron sobre la mesa el hecho de que México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que recauda menos. De igual manera la estimación de que son nueve mil las empresas que facturan con comprobantes fiscales apócrifos, lo que ha representado daños al fisco por más de dos billones de pesos de 2014 a 2018.


La mira está puesta ahora para que estas reformas entren en vigor el 1 de enero de 2020 y su aplicación será retroactiva a los casos actuales que se investigan; así se manifiesta la clara intención de combatir a fondo este fenómeno y no dejar que continúe el entorno de impunidad que lo alienta.

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