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recortes1200_notas15180718.jpg Foto: Ricardo Castelan/Cuartoscuro

¿Menores sueldos, mejor burocracia?: cómo lo plantea AMLO

Autor: Político MX

Mié 18 Julio 2018 21:37

Bajar los sueldos y eliminar privilegios de los funcionarios públicos fue parte de la columna primordial de la oferta de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sonaba muy bien pero en estos primeros días de la virtual transición sexenal se ponen en la balanza más práctica los obstáculos y complicaciones con miras a concretar esos objetivos. Se advierten los riesgos de poner a la burocracia como el nuevo “villano favorito”; además de mantener en los primeros lugares de la agenda la larga discusión de cómo tener mejores servidores públicos: con austeridad o con salarios competitivos.

Pocos podrán refutar que si el planteamiento de bajar sueldos a los funcionarios resultó exitoso entre el electorado, fue producto de una realidad que se dividía en dos percepciones: una, la de los gobernadores, alcaldes y servidores públicos que evidentemente se enriquecieron a partir de su labor en los distintos niveles de gobierno: dos, una estructura burocrática con lujos excesivos que van desde camionetas, choferes, guardias, asistentes para logística, viajes a cargo del erario hasta una vida privada costosa que era evidente estaba a cargo del erario público.


La estrategia inicial de Andrés Manuel López Obrador, como eventual cabeza visible de ese Estado, es poner un tope, una tabla rasa, para todos los demás funcionarios. El ajuste de sueldos y prestaciones a burócratas afectará a casi 35 mil funcionarios que ganan arriba de los 108 mil 248 pesos mensuales, que es lo que prevé percibir como próximo presidente. Actualmente el artículo 127 constitucional prevé que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República, en el presupuesto correspondiente”.


A fin de cuentas la ruta que traza va a afectar el status quo y modus vivendi de toda una clase burocrática que como tal, tiene derecho a defenderse o buscar nuevas reglas. Así hay que entender las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien subrayó que el órgano electoral está comprometido con la racionalidad del uso de los recursos.


O las del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quien consideró que “las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de estos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable”. Sin embargo la terca realidad impacta esta postura cuando se descubre o se ponen en duda la rectitud de algún juzgador que recibe beneficios económicos.


El tema no es solo a nivel federal, pues los estados representan otra gran trinchera. Columnistas plantean la existencia de “nóminas secretas” o paralelas donde el dinero en efectivo no registrado “aceita” el servicio público y, a pesar de cierta incorrección política, es lo que evita un mayor número de casos de corrupción evidentes. La duda es si hasta allí llegará “la austeridad republicana” del próximo gobierno.

Buena parte de esto se resolverá en el Congreso. Los cambios legales tienen que ser precisos y con poco margen de que a partir de ahí cientos o miles de servidores públicos empiecen a ampararse. En un escenario pesimista el asunto podría llegar a la Suprema Corte, donde es evidente que López Obrador no tiene control ni injerencia: ahí podría terminar la “buena intención” de que los servidores públicos ganen lo justo pero hagan un mejor trabajo. La ecuación aún está por resolverse.

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