Hannia Novell

¿Devolver al pueblo lo robado?

Sáb 25 Mayo 2019 09:10

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Como la leyenda de Robin Hood, el hombre del bosque de Sherwood, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Defensor de los pobres y los oprimidos, López Obrador ha decidido que todos los ingresos producto de los decomisos de la Fiscalía General de la República (FGR) a quienes cometen delitos, le serán devueltos a la gente, una vez que sea aprobada una reforma legislativa en materia de extinción de dominio.

Los números del líder máximo de la 4T indican que el monto sería superior a los mil 500 millones de pesos, ya que consideraría los bienes muebles e inmuebles confiscado a la delincuencia y resultado del combate a la corrupción, como automóviles, ranchos, residencias, joyas y dinero en efectivo.

El tabasqueño promete, con el corazón en la mano, que todos estos recursos irán a los municipios más pobres del país para convertirse en hospitales, escuelas, autopistas, unidades deportivas y ambulancias. Los deseos cumplidos de una carta a los Reyes Magos porque Santa Claus habría sido demasiado “fifí”.

De hecho, informó que los municipios oaxaqueños de alta marginación Santos Reyes Yucuná y Santa María Sanir serán los primeros beneficiarios de las ganancias que obtenga la subasta de vehículos de lujo prevista para este domingo 26 de mayo en Los Pinos.

Pero habrá que recordarle al Presidente de la República dos hechos. Una: que no puede disponer de su antojo de esos recursos pues el artículo 41 del Código Penal Federal dispone que lo recaudado a través de subastas realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se deben repartir en partes iguales al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Salud (SSa) y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas.

Además, dicha disposición también viola la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que regula las ventas que realiza el SAE y en cuyo artículo 89 señala que el destino de las ganancias obtenidas ya sea por licitación, subasta o remate de los bienes incautados se tienen que transferir a la Tesorería de la Federación o a la "entidad transferente", o sea, la dependencia que puso el bien bajo custodia del SAE, como la FGR o el Poder Judicial.

Algo más: el decomiso de bienes no es una decisión arbitraria, ni es posible con la emisión de un decreto o memorándum. Sólo los jueces pueden ordenar decomisos y determinar el monto de la reparación de los daños, en casos de corrupción o desvío de recursos públicos.

Al cumplirse seis meses de gobierno de la 4T, no se ha revelado un solo caso o proceso judicial relacionado con corrupción. Incluso, durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Federación ha regresado casas, automóviles, ranchos y cuentas bancarias, porque las investigaciones no acreditaron la violación de la ley. 

El caso de Elba Esther Gordillo es uno de los más recientes, ya durante la propia gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Por último, algunas dudas razonables: ¿todos los recursos se irán verdaderamente a los municipios más pobres? ¿No hay riesgo de que con ellos se financien los sobrecostos de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía? ¿O para cubrir el excedente en el precio de las pipas que se compraron, por adjudicación directa en el extranjero, para hacer frente a la emergencia del ‘huachicol’? 

Difícilmente habrá respuestas a si que ¿realmente se devolverá al pueblo lo robado?