Hannia Novell

Kumamoto vs. la partidocracia

Vie 01 Septiembre 2017 21:02

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Pedro Kumamoto es un espécimen raro en la política nacional. En 2015 ganó una curul en el Congreso de Jalisco por la vía independiente. Gastó apenas 242 mil 900 pesos en su campaña, cifra equivalente al 19 por ciento del tope de gastos establecido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ese estado.

De esos recursos, “Kuma”, como se le conoce a nivel local, recibió 224 mil pesos en donaciones hechas por 79 simpatizantes, mientras que el Instituto le entregó sólo 18 mil pesos de financiamiento público. Cada voto por el independiente costó al erario 33 centavos. En las elecciones federales de 2012, cada sufragio emitido costó 166 pesos. Para 2018, se estima que será de 205 pesos. No hay punto de comparación: 33 centavos frente a 166 o 205 pesos. 

El pasado lunes 28 de agosto, Kumamoto ganó una importante batalla contra la partidocracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma en materia electoral de Jalisco conocida como “Ley Kumamoto” o #SinVotoNoHayDinero, con base en la cual se redujo el presupuesto que se le otorga a los partidos políticos para las elecciones locales.

En una votación dividida, 7 votos contra 4, los ministros consideraron que la Constitución Federal delega en los estados la facultad para regular el financiamiento que se otorga a los partidos políticos nacionales que participan en las elecciones para diputados locales, presidentes municipales o gobernadores. Así, dieron un revés a los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y Morena, que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la ley electoral jalisciense. 

Se estima que la iniciativa #SinVotoNoHayDinero generaría un ahorro total de 2 mil 253 millones de  pesos al año. Actualmente, la Fracción II del artículo 41 de la Constitución establece que el financiamiento otorgado a cada partido se calcula anualmente a partir del padrón electoral. Con la ley promovida por el diputado independiente, las prerrogativas se darían en función de la votación que recibió cada partido en la elección inmediata anterior.

La “Ley Kumamoto” es más que oportuna en estos tiempos. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el martes 29 su proyecto de presupuesto para 2018 que contempla 25 mil 045 millones de pesos. El monto más alto otorgado en la historia del país. De ellos, 18 mil 256 millones serían para el gasto operativo del organismo y 6 mil 788 para los partidos políticos. A esa cifra hay que añadir lo que los organismos electorales locales (OPLEs), les entregan.

El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, calculó que con los recursos estatales, los partidos podrían recibir hasta 12 mil millones de pesos el próximo año. Luis Carlos Ugalde, director de la consultoría Integralia, estimó que el monto podría llegar a los 13 mil millones. Ambos coinciden en que es difícil definir con precisión los recursos porque en cada entidad el monto es diferente.

Si bien la iniciativa del diputado local de Jalisco ataca solo el financiamiento a los partidos, da la oportunidad para revisar el costo total de nuestra democracia. Por ejemplo, los recursos de las instituciones electorales. Este año, aun cuando la Ciudad de México no tuvo comicios, el Instituto Electoral local recibió un presupuesto de mil 196 millones de pesos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ejercerá recursos por 3 mil 125 millones, cifra independiente a la que recibieron los tribunales locales. El de la Ciudad de México, por cierto, obtuvo 251 millones de pesos.

Otro gasto que debe integrarse al infame costo de nuestra democracia es el de los spots. Si bien se transmiten en tiempos oficiales, Integralia realizó una estimación de lo que podrían costar en caso de que fuera tiempo/aire que se vendiera a particulares. En 2015, sólo para la capital del país y el Estado de México, lo calculó en 15 mil millones de pesos. A nivel nacional y a precios actualizados, para 2018 la cifra sería de 20 mil millones.    

La iniciativa #SinVotoNoHayDinero ya fue presentada en los congresos de Chihuahua, Querétaro, Durango y Michoacán, así como en la Cámara de Diputados. La Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro fue citada el pasado 29 de abril para aprobar el dictamen respectivo; sin embargo, la ausencia de legisladores del PRI, PAN y del PVEM provocó que la sesión fuera cancelada por falta de quórum. 

Aunque se ve difícil que los partidos acepten avalar la iniciativa pues eso significaría recortar significativamente los recursos públicos que reciben, la resolución de la SCJN puede ser un aliciente. Como ciudadanos nos toca empujar iniciativas como la de Pedro Kumamoto para ir ganando batallas a la partidocracia.