Hannia Novell

Guardia Nacional, otra promesa incumplida

Dom 14 Abril 2019 08:23

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La militarización de la seguridad pública ya es una realidad en México. La oferta electoral de sacar al Ejército de las calles que enarboló el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador se quedó en el terreno de la competencia política, de la conquista del voto ciudadano. Otra promesa incumplida.

Ni siquiera los candados impuestos en las reformas constitucionales para la creación de una Guardia Nacional con mando civil fueron obstáculo para impedir la designación de un militar en activo: Luis Rodríguez Bucio, general de brigada, en proceso de retiro y diplomado del Estado Mayor.

Es curioso. La izquierda que siempre criticó el uso del Ejército como policía, cuestionó los abusos militares y denunció violaciones a los derechos humanos, es la misma izquierda que hoy puso en manos de un militar el combate de la violencia y la inseguridad.

El tabasqueño que en campaña prometió “regresar a los militares a sus cuarteles en seis meses” y los llamó “autores de masacres” que “ametrallan a diestra y siniestra”, es el mismo que hoy, como Jefe de Estado, aceptó que los elementos de las Fuerzas Armadas son la única opción para conseguir la anhelada pacificación del país y la disminución de los índices delictivos.

Sin duda, el acuerdo de apoyo, asistencia técnica y supervisión que recientemente firmaron el gobierno de México y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, podría abonar en la credibilidad y legitimidad de la Guardia Nacional, si se cumple el propósito de “inyectar el ADN del respeto a los derechos humanos” en la formación y capacitación de los 35 mil policías militares, 8 mil policías navales, 18 mil policías federales y las 20 mil nuevas contrataciones.

Pero lo que aún está pendiente es que el Congreso revise, discuta y vote tres iniciativas de ley relacionadas: la Ley del Sistema Nacional de Detenidos, Ley del Uso de la Fuerza y la Ley Orgánica de la Guardia Nacional. El debate será intenso, difícil, cuesta arriba. Pero al imponer su voluntad, el primer mandatario corrompió el pacto legislativo que permitió aprobar por unanimidad las reformas constitucionales que dieron vida a la Guardia Nacional. Ese era sólo el primer paso, porque las leyes secundarias pendientes son el detalle fino que sostiene la operación y funcionamiento de una institución a la que se le ha encomendado la misión más importante del sexenio: la pacificación del país.

Es inminente que los partidos de oposición a Morena y la propia CNDH acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los ministros determinen la consitucionalidad de la designación del general Luis Rodríguez Bucio. También es previsible que los diputados y senadores del PRI, PANMovimiento Ciudadano se nieguen a cumplir los caprichos del líder máximo de Morena y retrasen o cancelen la aprobación de las leyes secundarias que requiere la Guardia Nacional para su operación.

Al fin y al cabo, tienen un buen pretexto: fue AMLO quien rompió el pacto. Se empeñó en tener un mando militar y ya lo tiene. Se trata de otra promesa incumplida en los escasos cuatro meses del gobierno de la 4T.