Roberto Gil Zuarth

Ley de remuneraciones

Mié 14 Noviembre 2018 04:00

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En estos nuevos tiempos de decisiones por aplanadora, de manotazos en la mesa para dejar claro quién manda, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó una minuta que llevaba 9 años congelada. 

Por supuesto que es deseable que se reglamente la reforma de 2008 en materia de salarios públicos para evitar los crecientes abusos, pero ese propósito no riñe con la posibilidad de hacerlo bien.  

Después de 9 años desde que se aprobó en la cámara de origen la ley reglamentaria, por lo menos era necesaria actualizarla a los cambios que han sufrido la constitución y las leyes mexicanas. 

Ya se ha señalado el problema de que la ley publicada se refiere al Distrito Federal, en lugar de a la Ciudad de México; al IFE, en lugar de al nuevo INE, o que utiliza la referencia del salario mínimo en lugar de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

O bien que, derivado de la creación del sistema nacional anticorrupción, se debe distinguir entre faltas administrativas no graves y graves, porque de esa distinción depende qué órgano aplica la sanción. La ley de remuneraciones ahora vigente se quedó atrapada en el viejo modelo en el que las contralorías, y no los tribunales administrativos, resuelven las sanciones. Así pues, no está claro bajo qué régimen deben tratarse las conductas que contravienen los principios y reglas de los salarios del sector público: como faltas no graves o, en su caso, como graves. 

Pero además de esas inconsistencias, advierto un problema técnico de no menor entidad. 

La ley de remuneraciones fija como límite máximo de todos los salarios públicos el sueldo del presidente y, desde una mala lectura de la constitución, reenvía al presupuesto anual la decisión del salario del presidente. 

El modelo constitucional no dice eso. Lo que la reforma de 2008 hizo fue prever un sistema de remuneraciones públicas en el que la constitución prevé las bases generales, el presupuesto anual pone pesos y centavos a los tabuladores, pero conforme a las variables, fórmulas y procedimientos que establezca la ley. En otros términos: la constitución no delega al presupuesto de egresos el tope, sino a una norma de rango formal y material de ley. En sus 17 artículos y dos transitorios la ley publicada simplemente reproduce, en sus términos, porciones aisladas del texto constitucional. 

Es decir, esta ley deja como decisión política discrecional de una mayoría el sueldo del presidente y de ahí los salarios de todo el Estado mexicano. 

Hoy el presidente electo decidió que va a ganar 108 mil pesos, pero mañana podrán ser 40 mil o 2 millones mensuales, con la implicación de que esa cifra se convierte en el parámetro para determinar cuánto ganan los policías, las enfermeras, los maestros, los ingenieros petroleros de PEMEX o los nucleares de CFE, los especialistas de los institutos médicos de alta especialización, etcétera. 

Por el contrario, la racionalidad de la reforma es que los sueldos no fueran a discreción del gobierno, de hacienda, de cada institución pública o de una mayoría en la cámara de diputados, sino una decisión basada en elementos técnicos, como sucede en muchas partes del mundo. 

Esta ley solamente perpetuará la discrecionalidad de los salarios. Pero peor aún, podrá ser utilizada como un mecanismo para debilitar o capturar a las instituciones públicas. Cada vez que se quiera amagar a un poder o institución, ahí estará el presupuesto anual para presionar con salarios precarios, bajo el pretexto de una pretendida austeridad. Una palanca preocupante para la concentración del poder en un par de manos.