Foto: Cuartoscuro
Cristian Alanis
El proceso electoral para elegir a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, programado para el 1 de junio de 2025, ha generado un enfrentamiento entre la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
El conflicto escaló tras la decisión del INE de rechazar un amparo otorgado por un juez federal para suspender dicho proceso.
Las advertencias de los jueces
El pasado 6 de enero, la JUFED emitió un comunicado donde llamó a suspender la elección judicial, argumentando “graves inconsistencias en la organización”.
Además, advirtió que tanto los funcionarios del INE, como los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla, podrían incurrir en responsabilidades administrativas y penales.
¿Qué dijo el INE ante las advertencias de la JUFED?
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, no se quedó callada y respondió que la JUFED juega con una “narrativa perversa”.
“Es el colmo de la perversidad que se acerque, si quiera a amenazar, que las ciudadanas y los ciudadanos no pueden participar como funcionarias y funcionarios de casilla el día de la jornada electoral”.
También negó categóricamente que quienes colaboren en el proceso puedan enfrentar sanciones.
La consejera presidenta subrayó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó continuar con el proceso, garantizando que la participación de los ciudadanos no conlleva riesgos legales.
“Pensar que a todos los que acudan a votar también serán sancionados es el colmo de los absurdos”, declaró.
Taddei también criticó lo que consideró una narrativa alarmista de la JUFED:
“Es extremadamente perversa, da mucho para el morbo y para preocupaciones no existentes, pero sí puestas sobre blanco y negro en la prensa”.
JUFED responde a Taddei
En un nuevo comunicado, emitido el 13 de enero, la JUFED reiteró que su preocupación principal es proteger a la ciudadanía.
“Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberán estar plenamente ajustadas a derecho”, señala el documento.
La asociación también respondió a las declaraciones de Taddei, enfatizando que “señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura perversa, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente”.
