
Foto: Gobierno de México
De acuerdo con las autoridades mexicanas, el traslado de Caro Quintero y otros 28 narcotraficantes fue por solicitud del gobierno estadounidense.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que hubo una solicitud por escrito del gobierno de Donald Trump para el traslado de 29 narcotraficantes.
Gertz Manero fue cuestionado sobre si el traslado tenía que ver con las negociaciones ante la presión de los aranceles que busca imponer Trump a México.
Sin embargo, explicó que se fundó jurídicamente en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, así como el 89 de la Constitución.
“Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos, ese fue el motivo por el cual se detonó todo este procedimiento”, refirió.
El fiscal aseguró que el traslado de los capos no se trata de una extradición sino de una solicitud concreta del gobierno estadounidense, por lo que México sólo “cumplió con la ley”.
“No había más que una razón por la cual nosotros cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo, hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento”, dijo el fiscal.
De acuerdo con lo dicho por Alejandro Gertz Manero, el traslado de los narcotraficantes se basó en la Ley de Seguridad Nacional, específicamente el artículo 5, donde se habla de amenazas a la seguridad.
Este artículo define que son amenazas para la seguridad del país actos como terrorismo o que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
También se refiere a los actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada y que atenten contra del personal diplomático, entre otros supuestos.
Otro de los artículos que Gertz mencionó fue el 89 constitucional, el cual hace referencia a las facultades y obligaciones del titular del Ejecutivo.
En este caso, Gertz explicó que los 29 reos ponían en peligro la seguridad nacional, por lo que era aplicable dicho artículo, el cual establece que es obligación de la mandataria:
“Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Respecto a la posible pena de muerte que 6 de los trasladados podrían enfrentar, el fiscal aseguró que México brindaría ayuda consular debido a que siguen teniendo ese derecho como cualquier otro mexicano.
Y aclaró que se deben respetar los acuerdos bilaterales pues México no cuenta con este tipo penal para sancionar a los delincuentes.