INE fija en 220 mil pesos el tope de gastos de campaña para la elección judicial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el tope de gastos que puede ejercer en campaña cada candidato al poder judicial.

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De acuerdo con el comunicado del INE, ninguno de los candidatos podrá acceder a algún tipo de financiamiento, ni público ni privado para su campaña, por lo que los participantes deberán cubrir los gastos de campaña con sus propios recursos.

Así, la mayoría del pleno consideró un tope de gastos único para los participantes, sin importar el cargo que busquen obtener.

¿Cuál es el tope máximo de gastos de campaña?

El Consejo General determinó que el gasto por persona será de 220 mil 326.20 pesos, con el objetivo de ser más equitativos.

Además, los consejeros decidieron que no podrán pagar espacios en medios tradicionales, y deberán limitarse a redes sociales y foros públicos, así como volanteo.

Este gasto equivale a 3,672 pesos diarios.

La propuesta por parte de la consejera presidenta Guadalupe Taddei habría sido de un millón 468 mil 841 pesos para cargos nacionales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación; considerando que la campaña sería más amplia.

La consejera sugirió que los aspirantes a salas regionales podrían gastar hasta 881 mil 304 pesos; los del Tribunal Colegiado de circuito hasta 413 mil 111 pesos y finalmente los juzgadores de distrito, 220 mil 326 pesos.

Sin embargo su propuesta fue rechazada al no obtener los suficientes votos; pues se alegó que había candidatos cuyos salarios actuales no les permitiría alcanzar ni los 130 mil pesos por mes por lo que quedarían en suma desventaja frente a sus oponentes.

Las campañas para la elección judicial comenzarán este 30 de marzo y tendrán una duración de 60 días.

Aprueba INE el Marco Geográfico Electoral de 7 entidades

Durante la misma sesión, también se aprobó el Marco Geográfico Electoral para el Proceso Electoral Extraordinario del 1 de junio de 2025, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Sonora.

Este ámbito territorial ya determinado, busca que la participación en la elección judicial local sea en igualdad de circunstancias entre todo el electorado. Y así, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.