
Foto: Cuartoscuro
Obtener el control de los fideicomisos del Poder Judicial eran uno de los objetivos de Morena
En días pasados se dio a conocer que Nacional Financiera (NAFIN) transfirió a la Tesorería 10 mil millones de pesos pertenecientes a los fideicomisos del Poder Judicial y que estos serán destinados para mejorar el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
No solo te informamos, te explicamos la política. Da clic aquí y recibe gratis nuestro boletín diario.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que no fueron consultados ni se girara una instrucción previa para realizar la transferencia, por lo que analizan interponer algún recurso legal.
Este movimiento sorprendió a propios y extraños ya que en febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que trataron de pasar 17 mil millones a NAFIN, pero esto no se concretó debido a procesos legales vigentes.
Esto revive el pleito iniciado desde 2023 por los fideicomisos, los cuales han sido comprometidos para diversos objetivos desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde el sexenio de AMLO, el tema de los fideicomisos ha causado polémica, pues uno de los principales ataques para demeritar al Poder Judicial fue que este tenía 15 que eran utilizados para pagar los privilegios y lujos de ministros, jueces y magistrados.
Por ello en un inicio propuso en mayo del 2023 que estos fueran extinguidos y usados primero para becas, luego en octubre dijo que estos se distribuyeran entre los estados.
Lo anterior causó fuerte rechazo en el Poder Judicial bajo el argumento de que esto afectaba los derechos de los trabajadores.
Pero a finales del mes, tras el paso del huracán Otis que devastó Acapulco, López Obrador se definió por usarlo para la reconstrucción del municipio.
En octubre, el Senado aprobó la extinción de 13 fideicomisos, que contaban con 16 mil 360 millones de pesos, y en el decreto se estableció que se destinaría para los damnificados de Acapulco.
Esto fue aceptado por Norma Piña, presidenta de la SCJN, en una carta: “Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido”.
Sin embargo, para noviembre, una jueza de Distrito otorgó una suspensión, lo que truncó la negociación entre los dos poderes. Para mayo del 2024, los ministros de la SCJN confirmaron esta determinación y congelaron los fideicomisos.
Poco antes de que se frenara el paso de los recursos, en febrero del 2024, cuando se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en su decreto se estipuló que estaría conformado por los productos y aprovechamientos que se generen de los fondos del Poder Judicial.
Mientras que AMLO, en agosto del 2024, dejando de lado ya la idea de la reconstrucción de Acapulco, planteó que la mitad del dinero fuera para financiar la elección judicial, esto luego de que Guadalupe Taddei aseguró que la elección costaría lo mismo que una elección normal.
“Pues le voy a dar el remedio y el trapito: que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza”, señaló el 1 de agosto.
Esto último ya está concretado, pues Claudia Sheinbaum, ya como presidenta aseguró el viernes 11 de abril que fueron entregados 800 mil pesos al INE que serán usados para la elección.
Para diciembre del 2024, La Suprema Corte instruyó la desaparición de los fideicomisos ante la aprobación entre protestas de la reforma judicial el 15 de septiembre del 2024, concretando el objetivo de AMLO.
Pero en la reforma se determina que parte de los recursos serán usados para indemnizar a los jueces y magistrados que hayan declinado a participar en la elección.
El décimo artículo transitorio de la reforma estipula que el dinero estaría destinado para pagar el equivalente a “tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho” a cada juez y magistrado que declinó a una candidatura.
Hay que recordar que con la reforma, quienes estaban en el cargo serán destituidos o reelectos si es que decidieron participar en la contienda.
Por ello también se generaron críticas entre algunos juzgadores con los actos de NAFIN, alegando que se estaban violentando sus derechos.
Ante los reclamos, la presidenta ha dicho que el dinero sí se usará para los trabajadores del Poder Judicial porque varios están afiliados al ISSSTE, pero no con los altos funcionarios: “Finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE, son trabajadores del estado”.