¡Aureoles la libra! Tribunal declara improcedente queja de la FGR para orden de aprehensión

Un Tribunal Federal declaró improcedente el recurso de queja de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión provisional de un juez al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que frena la orden de aprehensión en su contra.

Aureoles cuenta con orden de aprehensión de la FGR por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Además cuenta con ficha roja de la Interpol, por lo que son buscados en 196 países.

El Segundo Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México declaró improcedente e infundada la queja.

El secretario en funciones de magistrado, Winyber Jiménez, confirmó la suspensión provisional que cancela la orden de aprehensión está “debidamente fundamentada” porque se basa en una jurisprudencia obligatoria.

“Respecto a la procedencia y justificación de la medida cautelar, se considera inoperantes, puesto que el juzgador federal apoyó su decisión en jurisprudencia obligatoria del pleno regional, en materia penal y del trabajo de la región, centro norte, aspecto que en forma alguna es combatida por los recurrentes”, expone la determinación.

También se establece que cuando se promueva un amparo y se solicite una suspensión respecto a una orden de aprehensión por un delito que no amerita prisión preventiva, de ser concedida el juez debe precisar que los efectos son para que no sea detenido en caso de que también se le imponga la prisión preventiva justificada.

Además Jiménez precisó que el juez aclaró a Aureoles que debe comparecer ante la jueza de control que ordenó su captura en un plazo de tres días hábiles, lo cual debe ocurrir una vez que cubra su garantía de 52 mil pesos, esta en un tiempo de cinco días, ya que de no hacerlo la suspensión será revocada.

¿De qué se le acusa a Silvano Aureoles?

De acuerdo con la investigación, entre 2015 y 2021 el exgobernador y varios exfuncionarios adjudicaron de manera directa contratos a favor de la Inmobiliaria DIP para la renta, mantenimiento y posterior venta de siete cuarteles, lo cual generó un daño al erario de Michoacán por 3 mil 412 millones de pesos.

Según la FGR, el entonces titular del Ejecutivo estatal, habría autorizado la compra a sobreprecio.