SCJN debe dejar política del tecnicismo para no defender al pueblo: Ana María Ibarra, candidata a ministra

Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunció el uso del tecnicismo en el máximo tribunal para negar derechos al pueblo.

Durante un encuentro con extrabajadoras y extrabajadores de la extinta Ruta 100, la candidata del número 17 de la boleta morada criticó el distanciamiento del Poder Judicial frente a las luchas sociales.

Señaló que la justicia no puede seguir dándole la espalda a quienes más la necesitan y que los tribunales deben dejar de usar tecnicismos como excusa para negar derechos legítimos.

“La justicia no puede esconderse en tecnicismos para negar derechos. Su deber es ponerse del lado del pueblo”, declaró Ibarra Olguín.

Abordó el caso de un trabajador que, pese a contar con documentación que acreditaba su antigüedad, fue excluido del derecho a una pensión, caso en el que intervino como magistrada.

“A pesar de la postura de otros jueces que privilegiaron los obstáculos procesales, analicé la evidencia que efectivamente permitía reconocer su derecho a la antigüedad… finalmente, la pensión fue concedida”, enfatizó.

“No basta con aplicar la ley como un mecanismo automático. Hay que entender el contexto, reconocer las trayectorias laborales y actuar con sensibilidad social”, recordó la candidata Ana María, al señalar que el Poder Judicial debe asumir una mirada más humana y empática, sobre todo ante quienes han sido históricamente excluidos.

Reclama tecnisismos en la Corte

Durante el encuentro, Ibarra Olguín fue enfática al cuestionar el papel actual de la Suprema Corte y alejarse de la política del tecnicismos para negarle el derecho a la defensa del pueblo.

“La Corte debe alejarse de la política del tecnicismo como excusa para no defender al pueblo. No podemos seguir avalando una justicia fría, ciega al contexto y distante de quienes más la necesitan”, señaló.

Ana María Ibarra sostuvo que este tipo de asuntos reflejan con claridad la clase de justicia que ella busca impulsar desde el máximo tribunal, una que no se limite a verificar requisitos, sino que reconozca contextos, compense desigualdades y restituya derechos. Una justicia con equidad, sentido social y responsabilidad institucional.