FGR va tras jueza por ‘escandalosa protección’ a Silvano Aureoles

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una denuncia penal en contra de la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, por su “escandalosa protección” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

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A través de un comunicado, el Ministerio Público Federal acusó que la jueza Jovita Vargas ordenó la comparecencia de Aureoles Conejo para el 9 de mayo, misma que no ocurrió debido a que el exmandatario no se presentó al juzgado.

Esto motivó a que la Fiscalía solicitara a la impartidora de justicia informar sobre la ausencia del experrista en la comparecencia; sin embargo esta fijó una nueva audiencia para el mes de agosto.

“Le dio una nueva audiencia, evidentemente parcial y dilatoria, para dentro de tres meses. Violó el Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que la misma debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores”, acusó la FGR.

En ese sentido, la FGR consideró que no existe justificación legal frente a la no comparecencia de Silvano Aureoles, a quien se le debió ratificar la orden de aprehensión vigente.

La Fiscalía añadió que las suspensiones de las órdenes de aprehensión en su contra han sido “suspendidas ilegalmente, brindándole protección parcial e injusta”.

Debido a lo anterior, la FGR señaló que se presentará de inmediato denuncia penal contra la jueza, independientemente de la queja procesal que se iniciará a la brevedad.

¿De qué acusan a Silvano Aureoles?

Silvano Aureoles, que gobernó Michoacán entre 2015 y 2021, enfrenta acusaciones por varios delitos relacionados con corrupción durante su administración.

Según información de la FGR, el exgobernador fue acusado de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La autoridad señaló a Silvano Aureoles por el desvío de recursos públicos, con un daño patrimonial estimado en más de 3 mil 400 millones de pesos, principalmente en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil, donde se adjudicaron contratos de manera irregular a la empresa Inmobiliaria DYF, con sobreprecios y pagos excesivos.