
Foto: Cuartoscuro
La gobernadora de Baja California rechazó que tenga vínculos con el crimen organizado
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila está nuevamente en el ojo del huracán debido a presuntas acusaciones referentes al narcotráfico.
Esto, luego de que la agencia Reuters, reveló que el gobierno de Estados Unidos estaría pidiendo a las autoridades mexicanas proceder en contra de cinco funcionarios y un exsenador –entre los que figura la propia morenista– presuntamente ligados al crimen organizado.
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Ante las revelaciones de la agencia de noticias, la gobernadora se defendió y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada.
“Puedo decirles que es totalmente falsa cualquier información que me quiera o pretenda vincular con algún grupo delictivo”.
La mandataria estatal argumentó que su gestión ha encabezado grandes incautaciones de droga para combatir al crimen organizado.
“Durante mi gobierno hemos sido combativos ante todos los grupos delictivos, ahí están los números; los decomisos, somos uno de los estados que más decomisos ha hecho a nivel nacional”, aseguró.
Ávila Olmeda también dijo que la Embajada de Estados Unidos en México desmintió la información, aunque más bien se trató de un tuit en respuesta al comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual sí subió un posicionamiento respecto a la nota de Reuters.
De acuerdo con Reuters, en al menos tres reuniones entre autoridades estadounidenses y mexicanas, el equipo de Marco Rubio, secretario de Estado de EUA, solicitó al gobierno de Sheinbaum proceder en contra de funcionarios y buscar una posible extradición por sus nexos con los cárteles.
Según fuentes de la agencia, Estados Unidos estaría detrás de cinco morenistas y un exlegislador, incluyendo a Ávila Olmeda.
Incluso, el país norteamericano habría amenazado a la administración encabezada por Claudia Sheinbaum con imponer más aranceles a México si no tomaba medidas al respecto.
Además de la polémica que sigue a la gobernadora morenista por la revocación de su visa, su entorno también ha estado en el ‘ojo del huracán’ por presuntas actividades ilícitas.
Tal es el caso de su esposo, Carlos Torres, quien recientemente abandonó su cargo honorífico como coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California.
Torres Torres, a quien también le suspendieron su visa, estaría enfrentando dos investigaciones: una en México y otra en Estados Unidos.
Según el semanario Zeta, tanto él como su hermano, Luis Alfonso Torres, estarían siendo objeto de indagatorias en ambos países por su probable implicación en robo de combustible, actividad conocida como ‘huachicol’.