Censura en la 4T: 7 casos que atentan contra la libertad de prensa

Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder para instaurar la llamada "Cuarta Transformación", el tabasqueño se comprometió a garantizar la libertad de expresión y de prensa en el país.

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“Sólo en las dictaduras hay un pensamiento único y se silencia, en la democracia no (...) Nosotros vamos a ser respetuosos con la libertad de expresión” señaló en una entrevista para la periodista Carmen Aristegui.

Sin embargo, siete años después de que Morena se consolidara en el poder, todo parece indicar lo contrario: que el periodismo se encuentra bajo asedio por amenazas, críticas y hasta prácticas de censura.

En los últimos meses se han dado al menos siete casos donde Gobiernos de la 4T y perfiles cercanos al morenismo han emprendido una serie de acciones que ponen en riesgo la libertad de expresión en el país.

Layda Sansores vs periodista en Campeche

El periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, fue víctima del abuso de poder que ejerce la gobernadora Layda Sansores.

El pasado 13 de junio, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso a González Valdez luego de que Sansores denunció al comunicador y al representante de Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes, por supuesta "incitación al odio, difamación y calumnias“.

A pesar de haber demostrado que no fungía ningún papel administrativo dentro del medio, la juzgadora lo imputó por presuntamente ordenar la publicación de notas y contenido ofensivo en contra de la morenista.

Por esta resolución, Jorge González Valdez no podrá ejercer su profesión por al menos dos años y también se determinó el cierre del portal de Tribuna Campeche.

Y por si fuera poco, el comunicador tendrá que pagar una indemnización de 2 millones de pesos por daño moral a Walther Patrón, vocero del Gobierno de Campeche.

En caso de que no pueda saldarla en un plazo de 15 días, su vivienda será rematada con el fin de garantizar el pago.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, González Valdez acusó que, en medio de su caso, sigue enfrentando hostigamiento por parte de la administración encabezada por Layda Sansores.

“Estamos luchando. El intento de incautarme mi casa sigue, y mandamos un recurso de revisión al juzgado, esperamos ir al amparo. En el caso de la vinculación a proceso, también iremos al amparo (...) La gobernadora no cesa de seguir fastidiando”, alegó.

“Ley Censura” en Puebla

Hace poco más de una semana se promulgó en Puebla la polémica Ley de Ciberseguridad, que resultó en la movilización de periodistas y organizaciones.

Las quejas y las manifestaciones se suscitaron por la incorporación de la figura de "ciberasedio" dentro del Código Penal del estado.

En el artículo 480 se incluye el concepto de “ciberasedio” y establece una pena de 11 meses a 3 años de prisión a quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona” en redes sociales y espacios digitales para causarle algún daño.

La ambigüedad de la redacción del artículo y la falta de claridad sobre la aplicación del delito de “ciberasedio” preocupó a periodistas y defensores de la libertad de expresión, pues argumentan que tiene el potencial de criminalizar a la prensa que mantiene una actitud crítica hacia el poder.

Esta reforma fue bautizada como “Ley Censura” por diferentes opositores y colectivos.

Aunque el gobierno de Puebla y el Legislativo local ya convocaron a foros para analizar los alcances de la Ley de Ciberseguridad, que pretende combatir el ciberacoso, algunas personas han acusado que se tratará de un ejercicio de simulación, sin que se tomen en cuenta las demandas del gremio periodístico.

Censura vs Héctor de Mauleón en Tamaulipas

Otro periodista que fue blanco de censura es Héctor de Mauleón.

El 1 de mayo, De Mauleón publicó en El Universal una columna titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, en la que retoma unos documentos de la Sedena obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

De acuerdo con la información filtrada, el exsecretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, alertó al general Audomaro Martínez, extitular del Centro Nacional de Inteligencia, sobre una red de corrupción y huachicol en el que estaría involucrado Juan Carlos Madero Larios, administrador de Operación Aduanera.

Este personaje está casado con la hermana de Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno de Tamaulipas y ahora magistrada local electa para el Supremo Tribunal de Justicia del estado.

En el texto periodístico, De Mauleón se refirió a Contreras como la preferida de Morena para asumir la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Ante esto, Tania Contreras interpuso una demanda en contra del periodista y de El Universal por calumnia y violencia política de género ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

En una primera instancia esta queja fue desechada por el IETAM, decisión que impugnó Contreras ante el Tribunal Electoral del estado.

Fue a partir de este recurso por el cual el Tribunal Electoral de Tamaulipas tramitó un procedimiento en contra de Héctor de Mauleón.

Es importante mencionar que al menos cuatro integrantes del Tribunal Electoral del estado tienen vínculos con Contreras.

De esta manera, se emitieron medidas cautelares a favor de Tania Contreras por las que se solicitó que la publicación en El Universal sea bajada y que De Mauleón se abstuviera de publicar cosas relacionadas a la magistrada local electa.

Como respuesta a estas medidas, el columnista escribió una pieza titulada “Censura made in Tamaulipas” en el que califica estas acciones como un atropello a la libertad de expresión.

Intento de censura contra Código Magenta

El portal Código Magenta también enfrentó medidas hostiles por la trama de Tania Contreras, luego de que expusiera el caso de su cuñado Carlos Madero Larios, implicado en presunto huachicol.

Al igual que con Héctor de Mauleón y El Universal, Contreras denunció al medio por calumnias y violencia política en razón de género, pidiendo las mismas medidas cautelares.

Código Magenta publicó información sobre los supuestos nexos de su primo, Juan José Contreras, exalcalde de Hidalgo, Tamaulipas, con la Columna Armada, brazo armado vinculado al Cártel del Golfo.

El medio respondió de la siguiente manera: “En cumplimiento a la Ley, Código Magenta respondió ya a todos los alegatos generados por Tania Contreras López y el séquito de incondicionales a su servicio. Lo que este medio no está dispuesto a callar. Silenciar a Código Magenta es imponerle una mordaza a la ciudadanía, que tiene el derecho de denunciar”.

Polémica de alcalde de Tequila

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, estuvo bajo el escrutinio público después de que fue acusado por presuntamente haber ordenado la detención de un camarógrafo de N+.

El colaborador del medio fue detenido por la policía municipal mientras cubría un operativo que se realizó en el Museo del Tequila.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Comercio y Contrabando de la FGR realizó un operativo debido a que había obras ilegales, pues supuestamente el alcalde realizaba modificaciones para establecer sus oficinas y residencia en el edificio histórico.

Rivera Navarro se deslindó de la supuesta orden para detener al camarógrafo: “Quiero aclarar a la opinión pública que mi administración no giró ninguna instrucción para la detención del camarógrafo”.

Sin embargo, ha guardado silencio respecto a la investigación de la FGR por las obras ilegales en el Museo del Tequila.

En tanto, diputados de Movimiento Ciudadano en Jalisco han pedido citar al alcalde morenista para que aclare los hechos.

Sancionan a ciudadana por criticar a diputada del PT

Otro caso de censura fue el de la ciudadana Karla Estrella, una ama de casa que deberá pagar una multa y ofrecer una disculpa pública a la diputada del PT, Diana Karina Barreras, esto por supuestamente incurrir en violencia política en razón de género.

Y es que la ciudadana criticó en una publicación de X a Barreras Samaniego, diputada federal del PT y esposa de Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena.

En su mensaje, la ciudadana criticaba un supuesto nepotismo para que se le concediera una candidatura.

La queja presentada por la diputada pietista fue resuelta a su favor por la Sala Especializada del TEPJF, al señalar que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí representaba violencia política de género.

Decisión que fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, que desechó el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que señaló que la crítica de Karla Estrella se dirigía a un posible caso de nepotismo o influyentismo, no a la condición de género.

Caso de Laisha Wilkins

Finalmente, la actriz Laisha Wilkins denunció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abrió un procedimiento en su contra por criticar a la excandidata a ministra de la Suprema Corte, Dora Martínez Valero, quien se presenta a sí misma como “Dora la Transformadora”.

Wilkins calificó esta situación como “censura ciudadana” al tratarse de una medida en contra de una persona ajena a la política.

“Debemos unirnos como sociedad (para) no permitir el abuso de nuestros derechos y libertades”, escribió en su cuenta de X.

Dora Alicia Valero buscó ser ministra de la Suprema Corte, sin embargo, la votación en la pasada elección judicial no le benefició y quedó en el lugar 21 entre los aspirantes, con 693 mil 310 votos, lo que representa el 0.59% de las votaciones a su favor.

Estos casos evidencian que la libertad de expresión se ha visto vulnerado por acciones de gobiernos ligados a Morena y la 4T.