¿La 4T ya sabía y no hizo nada? 3 casos que le ‘estallaron’

Durante años, el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación ha presumido atender personalmente y desde temprano todos los asuntos de seguridad del país. Sin embargo, varios casos han revelado que, pese a contar con información, las autoridades optaron por el silencio, la omisión o una reacción tardía.

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Tres episodios clave ilustran esta constante: la detención del boxeador Julio César Chávez Jr., el hallazgo de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y las sanciones de Estados Unidos contra la casa de bolsa Vector por sus vínculos con el crimen organizado.

En todos los casos, las autoridades mexicanas ya contaban con alertas, pero las acciones llegaron demasiado tarde o simplemente no llegaron.

Julio César Chávez Jr., orden de captura ignorada

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido el pasado 2 de julio en Los Ángeles, California, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Fue considerado una amenaza para la seguridad pública y acusado de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa. Además, en México tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Aunque la investigación en su contra inició en 2019, la orden fue emitida hasta marzo de 2023, pero no fue ejecutada debido a que el boxeador residía en Estados Unidos, justificó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se enteró del asunto hasta ayer por la tarde, cuando habló con el fiscal Alejandro Hertz Manero.

La conexión de Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa se ha documentado en videos, declaraciones e incluso por sus vínculos familiares con la familia Guzmán. Su esposa, Frida Muñoz, fue pareja de Édgar Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Frida Sofía Guzmán, hija de ambos, es hijastra del boxeador.

Pese a que las autoridades mexicanas sabían de las conexiones de Chávez jr, nunca lo hicieron público y tampoco se han dado a conocer operativos para detenerlo.

Teuchitlán, el centro de exterminio que el gobierno ya conocía

Uno de los casos más escalofriantes de los últimos años fue el hallazgo de un centro de exterminio en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en el lugar crematorios clandestinos, restos humanos y prendas personales evidencias de un sitio de tortura y ejecuciones masivas atribuidas al CJNG.

Documentos revelados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad indican que desde agosto de 2019, la Guardia Nacional encontró cuerpos calcinados y zapatos muy cerca del rancho. Según el informe, se dio aviso a la Secretaría de la Defensa, pero no hubo respuesta.

El sitio fue cateado hasta septiembre de 2024, pero no se documentaron los crematorios. Fue hasta marzo de 2025 cuando el colectivo regresó y confirmó lo que las autoridades ya sabían desde años antes: en Teuchitlán operaba un campo de adiestramiento.

Las reacciones de la FGR y del gobierno llegaron tarde, en medio de una fuerte presión mediática.

Las autoridades desestimaron los restos calcinados, pero confirmaron que el lugar era utilizado por miembros del Cártel Jalisco Nuevo Generación como centro de reclutamiento.

Vector y el lavado de dinero del narco

Otro caso que exhibe omisiones fue la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres entidades financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta última ha sido señalada de colaborar de forma “consistente” con el Cártel de Sinaloa.

Según la acusación, Vector, quien tiene como accionista a Alfonso Romo, exjefe de gabinete de AMLO, sirvió para blanquear dinero, adquirir precursores químicos para el fentanilo y pagar sobornos, incluyendo transferencias a empresas ligadas a Genaro García Luna.

Alfonso Romo fue uno de los principales asesores económicos de AMLO durante su gobierno.

Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demostrarían que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conocía desde 2024 de las transacciones millonarias a través de Vector Casa de Bolsa, empresa de Alfonso Romo, exasesor de López Obrador, que involucraban a Genaro García Luna.

Además, Estados Unidos habría advertido a México desde abril de las investigaciones, pero Sheinbaum fue notificada hasta junio.

En los tres casos, el común denominador ha sido la inacción del Estado mexicano pese a contar con información relevante desde hace tiempo. Las autoridades han reaccionado sólo hasta que la presión internacional o mediática hace imposible seguir ignorando la realidad.

La 4T se ha vanagloriado de tener el control de la seguridad del país. Sin embargo, estos tres episodios revelan que ese control ha estado marcado por negligencias, omisiones y silencios cómplices.