Foto: Cuartoscuro.
Se acaba una era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Tras las polémicas elecciones judiciales, la Corte encabezada por Norma Piña se prepara para su inevitable disolución.
Thalí Leyva
Publicada: ago 19 a las 07:00, 2025
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reúne por última vez previo a su extinción tal cual la conocemos, una Corte conformada por 11 ministros encabezados por Norma Piña Hernández, una figura que hizo frente a la retórica de Palacio Nacional.
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A partir del 30 de agosto termina oficialmente una era para la Corte, integrada por ministros, la mayoría de carrera judicial, y comienza otra conformada por 9 togados electos por voto popular, en medio de una elección plagada de irregularidades, incluida la distribución de acordeones.
La llegada incómoda de Norma Piña
Norma Piña Hernández asumió la presidencia de la Suprema Corte como la primera mujer en ocupar este cargo, el 2 de enero de 2023; en medio de una votación cerrada entre sus pares.
Por un lado, Piña obtuvo el apoyo de ministros como Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el voto definitorio de Yasmín Esquivel, según detalló el columnista Darío Celis.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también buscó la posición y según el mismo columnista contaba con el visto bueno de Palacio Nacional; pero perdió en la tercera votación que le dio el gane a Norma Piña.
Desde el comienzo de su gestión, la ministra presidenta se vio envuelta en tensiones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente debido a resoluciones judiciales que desafiaron iniciativas clave del gobierno de AMLO.
El punto de quiebre AMLO vs Norma Piña
En una entrevista con El País, Norma Piña reveló que el punto de quiebre con López Obrador fue la declaratoria de inconstitucionalidad la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), argumentando que violaba el artículo 21 de la Constitución.
Pero el distanciamiento fue más notorio el 5 de febrero de 2023, durante la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, en donde Norma Piña se negó a ponerse de pie ante AMLO durante la ceremonia solemne en Querétaro.
Su actuación generó polémica y críticas por simpatizantes de la 4T. Incluso el entonces presidente dijo al día siguiente en su conferencia que ello le llenaba de orgullo: “Se notó yo creo que estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la SCJN. Pero, me dio mucho gusto porque eso no se veía antes, los ministros eran empleados del presidente. Eso me llena de orgullo”, reveló.
Además de ello, Norma Piña también enfrentó críticas públicas de AMLO, quien acusó al Poder Judicial de proteger intereses elitistas y de no vivir en la “justa medianía”. En respuesta, Piña insistió en que el Poder Judicial no actuaba como oposición política, sino que su función era defender la Constitución y garantizar la independencia judicial.
La revancha: la reforma judicial
Un año después, el 5 de febrero de 2024, AMLO envió al Congreso de la Unión la polémica reforma al Poder Judicial, en donde se proponía la elección popular de jueces, magistrados y ministros, así como la disolución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la primera y segunda sala.
La reforma judicial fue aprobada en septiembre de ese mismo año, en medio de críticas por la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, y lo que significó uno de los mayores desafíos durante la presidencia de Piña.
El 15 de septiembre de ese año, en la víspera del aniversario por la Independencia de México, el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una reforma que modifica de raíz al Poder Judicial.
Además de pasar de 11 a 9 ministros integrantes de la Corte, se ordenó que el CJF fuese sustituido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial, lo que fue visto como una amenaza a la independencia judicial y al Estado de derecho.
A inicios de septiembre, Piña Hernández propuso una contrarreforma integral, con 66 puntos, que incluyó desde la creación de una Ley de Carrera Judicial hasta mecanismos de ética y transparencia, pero fue criticado por llegar “tarde” a la conversación.
El documento, llamado “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, buscaba hacer frente a la iniciativa de AMLO, el cual según dijo a El País, surgió de un proceso autocrítico de las jueces y magistrados federales, “cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial”.
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La lucha del PJF vs la reforma judicial
Ante la aprobación de la reforma al Poder Judicial se ejercieron diversas medidas, desde paros de labores, protestas, acciones que incluyeron huelgas y cierres simbólicos desde agosto de 2024.
A pesar de los esfuerzos por frenarla y una fuerte oposición por parte de los trabajadores, incluido un paro de labores que duró 51 días, nada fue suficiente para evitar el golpe al Poder Judicial.
El 5 de noviembre de 2024, se registró el último intento para derribar la reforma al Poder Judicial, luego de que la Suprema Corte analizó el proyecto de invalidez constitucional del Decreto en materia de reforma del Poder Judicial.
En aquella sesión, el ministro Alberto Pérez Dayán rompió el bloque de 8 ministros que votarían a favor del proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá que declararía la invalidez de la elección de jueces por voto popular y mantener la de ministros y magistrados del Tribunal Electoral.
Pérez Dayán consideró que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición eran improcedentes y afirmó que debían dejarse “sin efecto”. En su contra, estalló una andanada de críticas por parte de trabajadores y de la ciudadanía que iba en contra de la reforma judicial.
Su voto, que se sumó al de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, fue suficiente para continuar la marcha de la elección judicial que se realizó el pasado 1 de junio de 2025.
Las polémicas listas de candidatos a la elección judicial
Las listas de candidatos al Poder Judicial en las elecciones de 2025, generó polémica tras los señalamientos de presuntos vínculos de algunos candidatos con el narcotráfico, lo que desató fuertes críticas sobre la integridad del proceso.
Organizaciones civiles y opositores señalaron que algunos candidatos incluidos en las listas del Poder Judicial y Legislativo tenían supuestos nexos con el crimen organizado, cuyas acusaciones se basaron en reportes periodísticos que vinculaban a ciertos candidatos con investigaciones previas o defensores de narcotraficantes.
Incluso, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció en abril que en las listas de candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativo y Judicial se incluyeron candidatos que han defendido a narcotraficantes.
“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían (retirarse)”, señaló.
Tanto él, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentaron una solicitud al INE para su retiro, pero el órgano electoral se negó debido a que los procesos de evaluación correspondieron a los Comités de cada poder y al Senado su aval.
La polémica elección judicial
El pasado 1 de junio se realizó la primera elección judicial de la historia en el país, en medio de múltiples irregularidades, que cuestionaron su legitimidad.
Acordeones
Entre las anomalías destacaron los llamados “acordeones”, que fueron listas de candidatos promovidas por agentes desconocidos, con los que se favorecían a candidatos afines a Morena.
Pese a esta irregularidad, el Consejo General del INE declaró el pasado 17 de junio la validez de la elección de la SCJN.
Sin embargo, reconocieron que no hay evidencia para determinar que fue un acto generalizado que impactó en los resultados electorales.
Aunque no se pudo comprobar que fuese Morena el partido que promovió los acordeones, el INE impuso sanciones a ministros electos como Hugo Aguilar, quien resultó electo como ministro presidente de la SCJN, por beneficiarse de estas prácticas.
Baja participación
Por si fuera poco, la baja participación en las elecciones también generó cuestionamientos sobre el proceso judicial extraordinario.
De acuerdo con los Cómputos Distritales Judiciales del Instituto Nacional Electoral solo hubo una participación ciudadana del 13.01%, con un total de 116 millones 690 mil 139 votos.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó no replicar este modelo en otros países.
Críticas al proceso: Analistas y académicos señalaron la falta de sustento técnico, la exclusión de actores clave, la baja calidad legislativa y prácticas de coacción del voto, lo que debilitó la credibilidad del proceso.
¿Quiénes llegan a la SCJN?
A partir del próximo 1 de septiembre llegan los nuevos integrantes de la Suprema Corte, tres de las 5 ministras mujeres que la integrarán serán por reelección.
- Lenia Batres Guadarrama (reelecta)
- Yasmín Esquivel Mossa (reelecta)
- Loretta Ortiz Ahlf (reelecta)
- María Estela Ríos González
- Sara Irene Herrerías Guerra
- Hugo Aguilar Ortiz - ministro presidente
- Giovanni Azael Figueroa
- Irving Espinoza Betanzo
- Aristides Rodrigo Guerrero García
Hugo Aguilar Ortiz manifestó que en la nueva era de la Suprema Corte habrá “independencia judicial” y un “nuevo enfoque en la justicia”.
