Foto: Cuartoscuro
Los casos de corrupción que cimbraron a México
Estos son los escándalos más grandes de corrupción en México de los últimos tiempos.
Cristian Alanis
Publicada: sep 21 a las 09:00, 2025
En enero de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador levantó un pañuelo blanco en su conferencia mañanera para declarar que en México se había acabado con el huachicol.
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Era un símbolo de su promesa de que la corrupción desaparecería con la llegada de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, años después, la realidad mostró lo contrario: investigaciones periodísticas y judiciales revelaron la existencia de un “huachicol fiscal”, un esquema mediante el cual se permitía la entrada de combustibles de contrabando por puertos estratégicos, con pérdidas millonarias para el erario y con la complicidad de funcionarios de alto nivel.
Este caso se convirtió en el ejemplo más claro de que la corrupción en México no solo no desapareció, sino que se transformó y adaptó a las nuevas administraciones.
Y como este, hay otros episodios que han cimbrado al país en los últimos 20 años: desde los sobornos de Odebrecht, el fraude de Agronitrogenados, los desvíos millonarios de Javier Duarte, el poder y la caída de Elba Esther Gordillo, hasta casos emblemáticos como La Estafa Maestra, la Casa Blanca de Peña Nieto y el más reciente desfalco en Segalmex, considerado “la estafa maestra de la 4T”.
Huachicol fiscal: contrabando de combustibles desde las aduanas
El llamado huachicol fiscal salió a la luz como un esquema para introducir combustibles al país evadiendo impuestos mediante documentación aduanal falsa.
El caso más reciente revelado por la Fiscalía General de la República (FGR) involucra a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con El País, el vicealmirante Farías Laguna fue detenido junto con otros seis marinos, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas, acusados de encabezar una red que operaba en puertos estratégicos como Tampico, Manzanillo y Ensenada.
El asesinato del contralmirante Rubén Guerrero Alcántar en noviembre de 2024 habría estado vinculado con sus denuncias contra esta red de corrupción dentro de la Marina.
Uno de los decomisos más relevantes ocurrió en marzo de 2025, cuando el buque Challenge Procyan descargó diésel en Tamaulipas bajo la fachada de aceites lubricantes.
Ahí se incautaron 10 millones de litros de combustible. Semanas después, en un predio de Ensenada, se aseguraron otros 8 millones de litros, lo que representó un daño al erario estimado en 97 millones de pesos solo por el IEPS no pagado.
En las investigaciones del huachicol fiscal han salido a la luz nombres relevantes, especialmente dentro de la Secretaría de Marina. Destacan los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante y Fernando Farías Laguna, contralmirante, acusados de liderar una red de contrabando de combustible disfrazado como aditivos para aceites lubricantes. Asimismo, aparece la figura de Miguel Ángel “N”, identificado como operador de esa estructura, quien junto con Fernando se encuentra prófugo. Otro nombre clave es Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, cuyos sobrinos políticos están implicados, lo que levanta preguntas sobre posibles complicidades intradependencarias.
También, se ha detonado un levantamiento político al cuestionar la participación de personas cercanas al exgobernador de Tabasco (y actual senador), Adán Augusto López Hernández, tales como su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien ha sido señalado por sus vínculos con el grupo criminal “La Barredora” y está bajo investigación.
Las acusaciones también incluyen a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios morenistas.
Birmex: corrupción y desabasto de medicamentos
En 2025, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) fue protagonista de uno de los fraudes más grandes en el sector salud.
Según información presentada por Eduardo Clark, subsecretario de Salud, y retomada por medios como Aristegui Noticias, SDP Noticias y El Economista, se detectaron irregularidades en 175 claves de medicamentos que representaban un posible daño por 13 mil millones de pesos.
La Secretaría Anticorrupción anuló la compra consolidada 2025-2026, lo que derivó en la destitución del entonces director general Iván de Jesús Olmos Cansino y otros tres altos funcionarios.
Sin embargo, la nulidad afectó a 1,539 claves de medicamentos, lo que generó el primer gran episodio de desabasto en la administración de Claudia Sheinbaum, especialmente en fármacos oncológicos, como reportó El País.
La columnista Maribel Ramírez Coronel, en El Economista, calificó el episodio como “un fiasco millonario de improvisación e ilegalidad”, mientras que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que el modelo de compras consolidadas se ha convertido en una catástrofe evitable.
La Estafa Maestra: el fraude universitario del sexenio de Peña Nieto
La Estafa Maestra se convirtió en el caso emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Una investigación de Animal Político y MCCI en 2017 reveló que 11 dependencias federales triangularon más de 7,670 millones de pesos a través de 8 universidades públicas y 186 empresas fantasma.
De ese dinero, al menos 3,433 millones de pesos desaparecieron, mientras que las universidades se quedaron con cerca de 1,000 millones en comisiones por no realizar los servicios contratados.
Funcionarios como Rosario Robles, Emilio Zebadúa, Alfredo del Mazo y Emilio Lozoya fueron señalados en distintos momentos, pero hasta hoy no hay sentencias firmes contra los principales implicados, como lo documentó MCCI en su Tablero de Impunidad.
Aunque Robles estuvo presa entre 2019 y 2022, en 2023 y 2024 obtuvo amparos y fue absuelta penalmente.
El caso, según organizaciones civiles, quedó como un ejemplo más de la impunidad estructural que rodea a la corrupción en México.
La Casa Blanca: el símbolo del conflicto de interés
En 2014, una investigación de Aristegui Noticias reveló que el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, la actriz Angélica Rivera, habitaban una lujosa residencia en Lomas de Chapultepec valuada en 7 millones de dólares.
La llamada Casa Blanca fue construida por Grupo Higa, empresa contratista que obtuvo múltiples obras en el Estado de México y el Gobierno federal, entre ellas la del tren México-Querétaro.
Documentos oficiales confirmaron que la propiedad estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial de Grupo Higa, lo que evidenció un conflicto de interés.
El reportaje detalló que Peña Nieto y Rivera participaron personalmente en el diseño de la residencia, mientras que el Estado Mayor Presidencial la resguardaba como si fuera propiedad oficial.
La investigación marcó un punto de quiebre en la popularidad de Peña Nieto y fue uno de los detonantes de la crisis de legitimidad de su sexenio.
Segalmex: La “Estafa Maestra” de la 4T
El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es considerado el mayor escándalo de corrupción en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con MCCI, Animal Político y Expansión Política, las irregularidades ascienden a más de 9,500 millones de pesos, aunque el gobierno federal reconoce un daño patrimonial confirmado de 2,700 millones.
El esquema incluyó compras simuladas, adjudicaciones directas a empresas fantasma, una nómina paralela de 400 personas y la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos.
El principal funcionario señalado es René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, quien ya fue vinculado a proceso, mientras que el exdirector general, Ignacio Ovalle, fue removido pero sigue en el gobierno como coordinador del INAFED.
El propio presidente López Obrador ha calificado el caso como “la única mancha” de su sexenio y aseguró:
“Segalmex es el único caso de corrupción que se presentó en el gobierno y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo extraído de manera ilegal y el castigo a los responsables”.
Hasta ahora, según datos de la Secretaría de la Función Pública, hay 156 denuncias presentadas, 47 órdenes de aprehensión y 26 personas vinculadas a proceso, aunque ningún alto mando ha sido sentenciado.
Caso Odebrecht: sobornos en Pemex y políticos en la mira
El escándalo Odebrecht cimbró a México al revelar cómo la constructora brasileña pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2010 y 2014, de acuerdo con documentos judiciales en Estados Unidos.
El caso alcanzó a tres sexenios —Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y de manera indirecta a Vicente Fox— y expuso una red de contratos inflados y adjudicaciones directas a la empresa extranjera.
Sobornos y contratos millonarios
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías desde 2010 en la refinería de Minatitlán: sobrecostos, pagos ilegales y retrasos que no derivaron en sanciones.
Por el contrario, Pemex terminó cediendo a las exigencias de Odebrecht y justificando los pagos.
Los sobornos se repartieron en dos etapas: 4.5 millones de dólares durante el sexenio de Calderón y 6 millones más con Peña Nieto.
En ese periodo, Odebrecht ganó contratos en las refinerías de Tula y Salamanca y se quedó con la construcción del gasoducto Los Ramones, valuado en 1,200 millones de dólares.
“Pemex incumplió con los preceptos legales, reglamentarios y cláusulas del contrato”, documentó la ASF, al señalar que la petrolera incluso pagó sobrecostos del 66 % en Minatitlán.
Los nombres detrás del caso
Uno de los principales señalados fue Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos para favorecer contratos a la firma brasileña.
Lozoya fue detenido en España en 2020 y extraditado a México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de Lozoya, el caso salpicó al poderoso líder sindical Carlos Romero Deschamps, mencionado en observaciones de la ASF por pagos irregulares ligados a sobrecostos en refinerías.
También quedaron bajo sospecha altos funcionarios de Pemex Refinación que avalaron contratos directos y ampliaciones presupuestales, aunque la mayoría nunca fue procesada.
En el plano internacional, la trama Odebrecht llevó a prisión a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, condenado en Brasil a 19 años por corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Los contratos entregados a Odebrecht durante tres sexenios sumaron más de 1,429 millones de dólares en proyectos de modernización de refinerías y gasoductos, pero el resultado fue un fracaso: en lugar de reducir las importaciones de gasolina, México terminó dependiendo aún más del combustible extranjero.
El caso, conocido como Lava Jato en Brasil, demostró la magnitud de la red de corrupción que tejió Odebrecht en América Latina. Sin embargo, en México, a pesar de las pruebas y las denuncias, el camino judicial sigue marcado por la impunidad.
Caso Altos Hornos de México: la planta chatarra que hundió a Ancira y a Lozoya
El caso Agronitrogenados es uno de los más emblemáticos en el entramado de corrupción que vinculó a Altos Hornos de México (AHMSA) y Pemex.
En 2013, durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director de la petrolera, se concretó la compra de la planta de fertilizantes en Veracruz por 275 millones de dólares, pese a que llevaba más de 14 años inactiva y su valor real rondaba apenas los 58 millones de dólares.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la operación representó un sobrecosto cercano a los 200 millones de dólares y se apoyó en una red de sobornos.
Según los reportes, Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, pagó 3.5 millones de dólares a Lozoya en 2012 para asegurar favores desde Pemex una vez que asumiera la dirección.
El tema cobró relevancia mediática en 2018, cuando Quinto Elemento Lab reveló las irregularidades de la compra, lo que detonó denuncias formales por parte de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019.
Ese mismo año Ancira fue detenido en Palma de Mallorca, España, mientras que Lozoya fue arrestado en Málaga en 2020; ambos terminaron siendo extraditados a México para enfrentar procesos penales.
El acuerdo reparatorio y el incumplimiento
En febrero de 2021, Ancira fue extraditado y enviado al Reclusorio Norte.
No obstante, un par de meses después logró recuperar su libertad tras firmar un acuerdo reparatorio con Pemex por 216 millones de dólares, lo que suspendió el proceso en su contra.
El empresario cumplió con los primeros pagos, pero dejó de cubrir el monto completo.
En agosto de 2025, el diario El País documentó que el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció la reactivación de la causa penal contra Ancira debido al incumplimiento de 112 millones de dólares, respaldado además por la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que “en este caso no puede haber impunidad”.
La situación se agravó con la crisis financiera de AHMSA, que terminó en la bancarrota en noviembre de 2024 con deudas por más de 5 mil millones de dólares, dejando afectados a Pemex, a la CFE y a más de 1,700 acreedores, así como a 20 mil trabajadores de la acerera, según reportó El País.
Lozoya, entre Agronitrogenados y Odebrecht
Mientras tanto, Emilio Lozoya sigue enfrentando procesos judiciales por este caso y por el de Odebrecht.
Como recordó MCCI, sus audiencias han sido pospuestas en repetidas ocasiones y, aunque ha buscado acuerdos reparatorios, hasta la fecha no hay una sentencia definitiva en su contra.
Caso Javier Duarte: del desvío millonario al sobreseimiento por desaparición forzada
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es uno de los rostros más reconocidos de la corrupción en México en los últimos 20 años.
Durante su mandato (2010-2016) fue señalado por el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos originalmente destinados a servicios públicos.
Las irregularidades fueron reveladas a través de investigaciones periodísticas y, tras una ola de acusaciones, Duarte huyó a Guatemala en 2016.
Un año después, en abril de 2017, fue detenido en Panajachel y posteriormente extraditado a México.
De acuerdo con la organización TOJIL, que ha litigado el caso en instancias nacionales e internacionales, Duarte fue vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero logró que los fiscales reclasificaran el delito a asociación delictuosa, con lo que obtuvo una condena reducida de nueve años de prisión y una multa de apenas 58 mil pesos, sin reparación del daño ni un juicio público que esclareciera los hechos.
“Este acuerdo constituyó un nuevo acto de corrupción entre el exgobernador y los fiscales a cargo del caso, pues la condena reducida se obtuvo de manera ilegal con el fin de evadir el juicio y una sanción mayor”, denunció TOJIL en su análisis del proceso.
En 2019, la misma organización logró una sentencia emblemática: un juez de amparo reconoció a una OSC como víctima de delitos de corrupción, aunque esta resolución histórica fue posteriormente revocada.
Ante la negativa de las autoridades mexicanas, TOJIL presentó en 2020 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el caso aún se encuentra en trámite de admisibilidad.
La acusación por desaparición forzada
La polémica en torno a Duarte volvió a crecer en noviembre de 2022, cuando un juez en Pacho Viejo, Veracruz, lo vinculó a proceso por desaparición forzada, en relación con el caso del policía David Lara Cruz, cuyos restos fueron hallados en la Barranca de La Aurora junto con al menos otras 19 víctimas.
La Fiscalía de Veracruz acusó a funcionarios de su administración de ocultar la magnitud del hallazgo y de operar a través de un grupo élite denominado “Los Fieles”, señalado por múltiples desapariciones forzadas durante su gobierno y bajo la conducción de su entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
Sin embargo, en 2023, durante una audiencia virtual, Duarte obtuvo el sobreseimiento del proceso penal por desaparición forzada, lo que, según documentó Milenio, abre la puerta a que pueda salir de prisión antes de que termine su condena en 2026.
La posible liberación anticipada del exgobernador ha generado fuertes críticas de colectivos de familias de desaparecidos, quienes han exigido que Duarte enfrente justicia por los crímenes cometidos en su sexenio.
El caso de Elba Esther Gordillo
La detención de Elba Esther Gordillo, entonces lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en febrero de 2013 marcó un antes y un después en los escándalos de corrupción en México.
Acusada de desvío de recursos públicos, la llamada “maestra” fue señalada por la Procuraduría General de la República de triangular más de 2 mil millones de pesos provenientes de cuotas sindicales para gastos personales que incluían cirugías estéticas, relojes de lujo y propiedades en el extranjero.
De acuerdo con El País, la aprehensión se realizó en el Aeropuerto de Toluca, apenas un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgara la reforma educativa, lo que evidenció el trasfondo político del caso.
Por su parte, Animal Político recordó que la noticia dio la vuelta al mundo, pues Gordillo era considerada una de las mujeres más poderosas de México, con un férreo control sobre el magisterio.
Aunque permaneció más de cinco años en prisión, en 2018 fue absuelta de todos los cargos y recuperó su libertad.
Su regreso al escenario político se dio con la fundación del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), que más tarde perdería el registro tras no alcanzar el porcentaje mínimo de votos en las elecciones de 2021.
