El camino que atravesaría Adán Augusto por juicio político en su contra

Este lunes, la panista María Elena Pérez-Jaén presentó ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra de Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena por supuestos vínculos con el grupo criminal La Barredora, presuntamente liderado por Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco.

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La diputada suplente acusó al morenista de haber incurrido en delitos como tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, imputables al exgobernador de Tabasco por su supuesta complicidad en las operaciones de La Barredora.

El caso de Hernán Bermúdez estaría salpicando a Adán Augusto López. No obstante, el senador ha negado vínculos con La Barredora.

Por el momento, López Hernández no cuenta con ningún procedimiento abierto en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien determine si el legislador deberá rendir declaraciones.

A su vez, el fiscal general Alejandro Gertz Manero explicó que el tabasqueño no ha sido citado para declarar en el caso de Hernán Bermúdez al no tener una vinculación directa.

¿Cómo avanzaría un proceso de desafuero?

Para que exista un procedimiento en contra de Adán Augusto, primero debe de existir un juicio político, pues los senadores cuentan con inmunidad parlamentaria que los protege –durante el ejercicio de sus funciones– ante un proceso penal por la posible comisión de algún delito.

Por ello, el recurso de la panista buscará quitarle fuero al morenista. Pero para que proceda, primero deben de cumplirse una serie de requisitos.

Primero, la demanda de juicio político deberá ratificarse ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados dentro de tres días naturales siguientes a su presentación. Una vez ratificada, dicho órgano lo turnará a la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para la tramitación correspondiente.

Posteriormente, la subcomisión de examen previo determina si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere la ley y si la denuncia contiene elementos de prueba, la cual se turna a la Sección Instructora de San Lázaro para su análisis.

La Sección Instructora examina el caso y presenta un dictamen en el que establece si existe o no el delito por el que es acusado el denunciado.

De proceder, más de la mitad de la Cámara de Diputados deberá aprobar el dictamen para declarar procedente el desafuero en contra del denunciado.

En caso de que avance el desafuero, el denunciado deberá ser removido de su cargo para perder su inmunidad y así quedar a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgado.

Otras denuncias y señalamientos vs Adán Augusto

El camino de un hipotético desafuero contra Adán Augusto se pinta complicado, pues en San Lázaro, Morena y sus aliados (PT y PVEM) tienen la mayoría calificada, dejando con pocas oportunidades a la oposición.

No obstante, el senador también ha sido acusado y señalado por otros casos.

El pasado mes de julio, el PAN interpuso una denuncia penal que pesa sobre el exsecretario de Gobernación por supuestos nexos con el narcotráfico.

Incluso, la fuerza blanquiazul exigió su renuncia como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado para que se pudiera investigar al exmandatario estatal.

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Otra acusación que afecta la imagen de Adán Augusto es la que se hizo en torno al papel de su hermana, Rosalinda López Hernández, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Rosalinda –que falleció en junio de 2024– se desempeñó como administradora general de la Auditoría Fiscal del SAT de diciembre de 2018 a febrero de 2024, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Defensorxs y una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), en el periodo de 2019 a 2023, se detectaron 4 mil 331 empresas fantasma, cifra que dista de las 6 mil 466 que se reportaron de 2014 a 2018, en la gestión de Enrique Peña Nieto.

Esto provocó cuestionamientos sobre un posible encubrimiento a empresas fantasma.

Finalmente, el supuesto vínculo entre Adán Augusto y Saúl Vera ha generado controversia, pues el empresario ha sido señalado de participar en el huachicol fiscal mediante Tampico Terminal Marítima, empresa que tiene la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico.

En 2022, Vera apoyó a Adán Augusto para buscar la candidatura presidencial de Morena, pues consideró que su perfil era el mejor para la continuidad de la denominada ‘Cuarta Transformación’.