Foto: Cuartoscuro
Lenia Batres privilegia al gobierno federal y frena pago millonario a familia de Torreón
Batres Guadarrama ha dicho que privilegia al pueblo, sin embargo, promovió un proyecto que perjudica a civiles
Salvador Maceda
Publicada: sep 22 a las 22:15, 2025
La autodenominada “ministra del pueblo” Lenia Batres empujó una sentencia que frenó el pago de una indemnización superior a 63.9 millones de pesos, en perjuicio de una familia de Torreón, Coahuila, cuyos terrenos fueron ocupados por el gobierno federal.
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Su proyecto, presentado ante el Pleno de la Suprema Corte dentro de un reclamo por desacato a una resolución judicial, dejó sin efecto las sanciones contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y devolvió el caso al juez de distrito, pese a que el gobierno mantiene bajo uso 423 hectáreas expropiadas.
Batres, quien suele presentarse como defensora frente a los abusos de poder, optó por resguardar los recursos públicos. En su propuesta priorizó la protección del presupuesto federal por encima de una resolución que garantizara un pago inmediato a los particulares afectados.
Con ello, la ministra permitió que la Federación continúe sin cubrir una deuda reconocida judicialmente, aun cuando en el debate del pasado 18 de septiembre la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso ordenar a la SEDATU cubrir, en un plazo máximo de un mes, poco más de 63.9 millones de pesos.
“Por este motivo considero que, si en autos el último avalúo realizado por el comité técnico de evaluación de la Secretaría vencido el 9 de mayo de 2025, cuyo monto asciende a 63 millones 915 mil 901 pesos, este Alto Tribunal debe vincular a la autoridad para que en un término máximo de 30 días cubra dicha cantidad a favor de la quejosa”, expuso Esquivel Mossa durante la sesión.
La historia de la familia Ayala
El predio conocido como Las Noas pertenecía a Otilio Rodrigo Ayala Sepúlveda, cuya sucesión fue representada por su hijo Otilio Enrique Ayala Rodríguez. En 2018, la SEDATU inició el procedimiento de expropiación de las 423 hectáreas para proyectos de desarrollo federal, ocupando de manera definitiva las tierras que la familia había conservado por generaciones. Desde entonces, los herederos han sostenido una batalla legal para obtener el pago que por ley les corresponde.
En 2019, el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna les concedió un amparo que obligaba a la autoridad a continuar el procedimiento de indemnización. Dos años después, en 2021, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente de México, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) fijó inicialmente la compensación en 385 millones de pesos.
El proyecto que cambió el rumbo
Frente a este historial de dilaciones, el proyecto de Lenia Batres concluyó que la SEDATU había realizado “actos tendentes al cumplimiento” y que no existía desacato. Con esa base, propuso devolver el expediente al juez de distrito para que analizara de nuevo la vigencia del avalúo y anuló las multas impuestas a los funcionarios responsables.
La decisión mantiene intactos los recursos públicos y prolonga la incertidumbre de una familia que ha visto cómo su patrimonio expropiado continúa en manos del Estado, sin que el pago prometido se haga realidad.
