Foto: Especial
Tres gobernadores de Morena están en la mira de EUA por contratos con empresas presuntamente ligadas al narco
El Departamento del Tesoro de EUA advierte que varias administraciones de Morena dieron contratos a empresas con presuntos vínculos con el crimen organizado
Cristian Alanis
Publicada: oct 07 a las 12:59, 2025
Uno de los principales problemas que enfrenta Morena no está dentro del país, sino en la relación con Estados Unidos.
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El combate al narcotráfico, y en particular al tráfico de fentanilo, ha llevado al gobierno estadounidense a emitir sanciones que han dejado vulnerables a varias figuras de la autodenominada Cuarta Transformación, señaladas por vínculos indirectos con empresas acusadas de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
En una columna publicada en El Universal, en la sección Bajo Reserva, reveló que tres gobernadores de Morena tendrían que dar explicaciones por los contratos a empresas presuntamente ligadas al crimen organizado.
- Alfonso Durazo (Sonora)
- Rubén Rocha Moya (Sinaloa)
- Víctor Manuel Castro Cosío (Baja California Sur)
Según el texto, sus gobiernos otorgaron contratos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta relación con la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa.
“El gobierno de Durazo, el de Rocha y el de Castro habrían dado contratos, algunos por adjudicación directa, a empresas vinculadas a esa red ilícita”, señala la columna de Bajo Reserva.
Las sanciones de EUA contra la red de “Los Chapitos”
El 6 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra ocho individuos y 12 empresas mexicanas que, según sus investigaciones, forman parte de la red de suministro de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos
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“Más de 500,000 estadounidenses han muerto por envenenamiento con fentanilo. El presidente Trump ha dejado claro que detener el flujo mortal de drogas hacia nuestro país es una prioridad de seguridad nacional”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro.
El gobierno estadounidense identificó a la empresa Sumilab, S.A. de C.V., con sede en Culiacán, como la pieza central de la red.
De acuerdo con el comunicado oficial, esta compañía y sus filiales, operadas por la familia Favela López, continuaron suministrando precursores químicos al Cártel de Sinaloa incluso después de haber sido sancionadas en mayo de 2023.
Contratos en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur
Una investigación de El Universal reveló que al menos siete de estas compañías —incluyendo Sumilab, Storelab, Favelab, Macerlab y Comercial Viosma— han sido proveedoras de gobiernos estatales, universidades y centros de investigación en el noroeste del país entre 2018 y 2025.
En ese periodo, dichas empresas recibieron 630 contratos por un monto de 35.7 millones de pesos, la mayoría mediante adjudicación directa.
Los contratos abarcan desde materiales de laboratorio hasta productos químicos adquiridos por universidades, hospitales, sistemas de agua potable y dependencias estatales.
En el caso de Sinaloa, las contrataciones incluyeron al Hospital Civil de Culiacán y dependencias estatales como el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa y el DIF estatal.
En Sonora, universidades como la Unison, la UES y el Tecnológico de Sonora también firmaron contratos con estas compañías.
En Baja California Sur, la Secretaría de Salud y el ayuntamiento de La Paz realizaron adquisiciones a través del organismo de agua potable.
La presión política sobre los gobernadores
De acuerdo con la columna de Bajo Reserva, las explicaciones pendientes de los mandatarios estatales de Morena se han convertido en un tema delicado frente a la política de seguridad de Estados Unidos.
En el caso de Alfonso Durazo, el texto afirma que enfrenta cuestionamientos por sus presuntos vínculos en casos de “huachicol fiscal”.
En tanto, Rubén Rocha Moya ha sido señalado por la relación directa de su estado con Sumilab, empresa que según el El País fue cliente frecuente del gobierno de Sinaloa, con contratos por más de 14 millones de pesos entre 2018 y 2022.
El endurecimiento de Washington contra la red financiera de Los Chapitos pone bajo la lupa internacional no solo a empresas y operadores, sino ahora también a los gobiernos locales que han mantenido vínculos contractuales con ellas.
