Enorme sistema de salud

Es una de esas ideas geniales que les gustan a los políticos mexicanos. Ahora van a crear un único Sistema de Salud Pública que permita atender todas las enfermedades de toda la población. Es como la idea de crear una megafarmacia para almacenar todo tipo de medicamentos y así evitar el desabasto. ¿Qué podría salir mal?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 7 de octubre que el próximo mes de enero “vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al Sistema de Salud Nacional… El objetivo es generar un sistema para que, a partir del 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa de si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública”.

El problema es que el IMSS es un sistema financiado por los derechohabientes, sus empleadores y el gobierno. En cambio, el IMSS Bienestar es, por decisión del expresidente López Obrador, un sistema subsidiado al 100 por ciento. No se le permite cobrar cuotas, ¿Cómo va el gobierno a exigir a los derechohabientes del IMSS y a sus patrones que sigan pagando las cuotas del IMSS si por el otro lado se puede obtener el mismo servicio sin pagar nada como miembro del IMSS Bienestar?

Este sistema que propone el gobierno parece diseñado para destruir la formalidad en el mercado laboral. Seguirá siendo tan caro como ahora pagar el IMSS de un trabajador formal, pero un informal recibirá los mismos servicios de salud. Esto promoverá una migración gradual de los trabajadores a la informalidad.

Ya ahora el 54 por ciento de las personas con una actividad económica en México trabajan en la informalidad. Con esta medida, el problema se agravará.

López Obrador siempre dijo que México iba a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, incluso mejor, pero nunca se tomó la molestia de estudiar el sistema danés. Este, lejos de tener una megafarmacia o un gigantesco y burocrático instituto que concentre clínicas, hospitales y farmacias, y que contrate a cientos de miles de médicos, enfermeras y personal administrativo como asalariados, es altamente descentralizado.

Los médicos son profesionales independientes; los hospitales y clínicas son autónomos. Los derechohabientes pagan cuotas, esas que López Obrador rechazaba en el Seguro Popular y en los institutos de salud, aunque el gobierno aporta recursos adicionales para garantizar servicios médicos de calidad.

El personal médico recibe reembolsos por sus servicios profesionales, pero no es empleado del gobierno. Los hospitales y clínicas hacen lo mismo: no son propiedad de una gran institución burocrática.

México ha enfrentado siempre un enorme reto para dar servicios de salud a la población que no está asegurada en el IMSS o el ISSSTE. Hasta ahora la institución más eficaz en este esfuerzo fue el Seguro Popular. Tenía muchos defectos, pero sus avances fueron importantes.

La destrucción del Seguro Popular fue una tragedia y su sustitución por el INSABI resultó un fracaso total. El plan actual de unir los servicios del IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar solo servirá para reducir aún más los niveles de calidad del IMSS y promover una fuga de derechohabientes de la economía formal a la informal.

Desafortunadamente, las políticas de salud en México se siguen definiendo por ocurrencias, no por estrategias que consideren las mejores prácticas a nivel internacional.