No solo es el jet privado: los otros escándalos de Alejandro Armenta

La polémica más reciente que envuelve al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, comenzó cuando fue captado en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, tomando junto con su esposa e hija un vuelo privado en un Learjet 60 con matrícula XA-IBC.

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El costo estimado del viaje fue de 18,500 dólares (unos 347 mil pesos), una cifra que contrasta con el discurso de austeridad que promueve Morena.

La oficina de Comunicación Social de Puebla confirmó que Armenta viajó para acompañar a un familiar hospitalizado y aseguró que “no se utilizaron recursos públicos”.

Sin embargo, las imágenes del mandatario en un jet privado generaron críticas en redes sociales, recordando que él mismo celebró la venta del avión presidencial y se pronunció contra los lujos de la clase política.

“Ahora, no solo viaja en aeronaves privadas, sino que lo hace en días laborables y en medio de actividades aparentemente personales”, señalaron usuarios en plataformas digitales.

Este episodio no es aislado. A lo largo de su trayectoria como gobernador, Alejandro Armenta ha estado en el centro de distintas polémicas que han puesto bajo cuestionamiento su congruencia y sus decisiones.

Estos son los principales casos.

Ley de Ciberseguridad: acusaciones de censura

En junio de 2025, Armenta impulsó y publicó la llamada Ley de Ciberseguridad, conocida como “Ley Censura”, que tipificaba el delito de “ciberasedio” y contemplaba penas de hasta tres años de cárcel por insultos en redes sociales.

La reforma generó rechazo de organizaciones como Artículo 19 y R3D, que alertaron que la ambigüedad de los términos podía usarse para criminalizar la crítica política y periodística.

En entrevista con Animal Político, Vladimir Chorny, abogado de R3D, advirtió:

“El cambio al artículo 480 es tan lesivo para la libertad de expresión como lo que ya estaba antes”.

El propio Armenta intentó defender la ley y afirmó:

“Cero censura, y apoyamos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de cero censura, pero sí proteger a la infancia de México”.

Pese a ello, organismos internacionales como la ONU-DH y Amnistía Internacional denunciaron que la reforma podía derivar en un mecanismo de censura y persecución contra voces críticas.

En junio de 2025, el Congreso de Puebla aprobó la llamada Ley de Ciberseguridad —o “Ley de Ciberasedio”—, que reformó el Código Penal estatal para sancionar con hasta tres años de prisión a quien, mediante redes sociales o medios digitales, “insulte, ofenda o agravie” a otra persona de forma reiterada.

Ante la presión pública, el Congreso local modificó el texto: se eliminaron los términos “insulto” e “injuria”, se redujeron las penas y se excluyó la posibilidad de que los funcionarios públicos se amparen bajo esta figura ante críticas a su gestión. Pese a las reformas, la ley sigue vigente y ya ha sido utilizada para presentar las primeras denuncias en la entidad.

La SCJN mantiene en revisión las impugnaciones, mientras organizaciones de derechos humanos y medios advierten que, incluso en su versión actual, la norma sigue representando un riesgo para el ejercicio libre del periodismo y la disidencia digital en Puebla.

La amenaza de expropiación a Grupo Proyecta

En abril de 2025, Armenta generó otra controversia al exigir públicamente a la inmobiliaria Grupo Proyecta que donara dos hectáreas para construir viviendas destinadas a policías, bajo la advertencia de que, si no lo hacía, el gobierno expropiaría cuatro hectáreas.

“Grupo Proyecta, dos hectáreas en un mes o proceso de expropiación a cuatro hectáreas, lo que ustedes decidan, con todo cariño y respeto, pero vamos a trabajar por la seguridad”, declaró en conferencia, según La Jornada de Oriente.

Días más tarde, matizó el discurso y dijo en tono irónico: “Igual y ya no las ocupamos para que no los dejemos en pobreza extrema”.

De acuerdo con Infobae, Grupo Proyecta finalmente aceptó entrar en negociaciones, aunque el episodio generó críticas de sectores privados, que acusaron al mandatario de actuar con autoritarismo y presionar a la iniciativa privada bajo el discurso de justicia social.

El gesto misógino: tronarle los dedos a su secretaria

En julio de 2025, el gobernador volvió a estar bajo escrutinio luego de que en plena conferencia de prensa le tronó los dedos a la secretaria de Turismo, Carla López-Malo, para pedirle que “metiera velocidad” a la promoción turística del estado.

“A promover, nuestra secretaria de Turismo, a promover todo, la quiero (tronando los dedos), está usted muy joven, así veloz como todos, a meterle velocidad al trabajo”, dijo Armenta frente a cámaras.

Después trató de justificarse:

“Así me tronaba los dedos mi abuelita, ¿eh? No crean, si no al rato va a ser violencia de género”, comentó entre risas.

La presión lo llevó a disculparse en redes sociales, aunque su mensaje generó aún más confusión:

“La acción iba dirigida hacia un servidor en materia del trabajo permanente en Turismo, no hacia la secretaria, a quien le reitero mis disculpas y respeto”.

‘Canas al aire’: nepotismo y uso de recursos públicos

Otra polémica surgió cuando se reveló que el gobierno de Puebla destinó 30.3 millones de pesos del erario para financiar la película animada Canas al aire, en la que participa el hijo del gobernador, Alejandro Armenta Arellano, en el área tecnológica, y la cantante Belinda, cercana a colaboradores del mandatario.

De acuerdo con Latinus, los productores incluso ofrecieron que uno de los personajes llevara el nombre de la abuela de Armenta, “Cholita”, como un homenaje personal.

El periodista Carlos Loret de Mola lo señaló en su noticiero:

“Con dinero del presupuesto, el gobernador Armenta financió una película en la que participa su hijo y uno de sus personajes está inspirado en su abuelita, pero eso sí, vamos a acabar con el nepotismo”.

Aunque el gobierno justificó el proyecto como un esfuerzo para promover a los adultos mayores y la cultura poblana, la inversión despertó críticas sobre el uso discrecional de recursos públicos y los conflictos de interés en su administración.

Ecoparque en La Malinche: denuncias de ecocidio

El proyecto más ambicioso y también más cuestionado de Armenta es el Ecoparque Tlalli Malinche, anunciado como un complejo turístico y deportivo dentro del Área Natural Protegida del Parque Nacional La Malinche.

Según Proceso, la obra contempla 51 hectáreas con hoteles, un estadio, un lienzo charro, alberca olímpica, áreas recreativas y un centro de alto rendimiento.

Ambientalistas y comunidades locales advierten que destruiría hasta el 48% de la flora de la zona, que alberga especies como pinos, oyameles, encinos y magueyes pulqueros, de acuerdo con E-Consulta Tlaxcala.

Armenta insiste en que el ecoparque busca “rescatar zonas afectadas por la tala ilegal”.

Sin embargo, ambientalistas advierten que se trata de un megaproyecto insostenible que revive intentos fallidos de gobiernos priistas, como la llamada “Suiza poblana”.