
Foto: Cuartoscuro
Durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt se reportaron pagos indebidos, fondos sin justificar, entre otras irregularidades.
Otro posible escándalo de corrupción en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador estaría siendo expuesto, pues la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) está bajo escrutinio público por presuntas irregularidades y malos manejos.
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De acuerdo con el diario Milenio, los informes actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que, en el periodo de las cuentas públicas de 2019 a 2023, la gestión de la exdirectora generó un posible daño al erario de 410 millones 630 mil pesos.
Según el diario, el monto de los malos manejos es calificado como inédito, ya que es 10 veces mayor a los 40 millones de pesos no aclarados por el organismo en los 20 años previos (de 2000 a 2018).
Entre las anomalías detectadas en las auditorías forenses, iniciadas en 2019, destacan:
La situación de malos manejos persistió incluso tras el cambio de nombre del Conacyt a Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) en 2023.
Milenio destacó que dos auditorías practicadas ese año arrojaron más de 70 millones de pesos en posibles malversaciones.
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Las irregularidades se concentraron en el programa de Becas Nacionales de Posgrado.
Ante el quebranto patrimonial, la ASF interpuso una primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra María Elena Álvarez-Buylla por diversas irregularidades.
La demanda corresponde al ejercicio de la cuenta pública de 2021, donde la ASF detectó la extinción de cuatro fondos institucionales que dejaron un posible daño al erario que ronda los 57 millones de pesos.
De acuerdo con el diario El País, la exfuncionaria respondió a dichas acusaciones en sus redes sociales y aseguró que la extinción de dichos fideicomisos se realizó bajo los protocolos pertinentes.
“El proceso de extinción fue exitoso, eficiente y con apego a la normativa aplicable, y favoreció transparencia y pulcritud en manejo de recursos. Las irregularidades a que se refiere la nota fueron identificadas por el Órgano Interno de Control y la ASF. Pero se refieren a un contrato de servicios donde no se identificaron constancias de los entregables que justifican el ejercicio del gasto. En su momento, tal situación implicó la renuncia del TUAF y otros directivos de la Unidad responsable, así como el seguimiento y apertura de los procedimientos conducentes”, escribió Álvarez-Buylla.