
Foto: Especial
La Corte realizó el primer “Diálogo entre Justicias”, una reunión con más de 100 autoridades de comunidades zapotecas y chinantecas de la sierra norte de Oaxaca.
En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo el primer “Diálogo entre Justicias”, un encuentro que reunió a más de 100 autoridades de comunidades zapotecas y chinantecas de la sierra norte de Oaxaca con juezas, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal y del estado.
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El evento, celebrado en el Parque Ecoturístico de San Pablo Macuiltianguis, marcó un paso decisivo en la nueva etapa del máximo tribunal, que busca acercar la justicia institucional a los sistemas normativos indígenas.
Funcionarios de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la SCJN, en coordinación con la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán (ULADI), encabezaron el diálogo con el objetivo de conocer de primera mano cómo operan las estructuras comunitarias, cómo resuelven conflictos y qué elementos pueden fortalecer la justicia ordinaria.
Por primera vez, personal de la Corte salió al territorio para escuchar directamente a las comunidades, comprender sus instituciones y sus prácticas de impartición de justicia, basadas en el consenso y la reparación del daño más que en el castigo.
Durante la jornada se instalaron cuatro mesas de trabajo en las que participaron autoridades indígenas, juezas, jueces, magistradas, magistrados y defensores públicos federales. El propósito fue construir mecanismos de coordinación entre las justicias indígenas y afromexicanas con la justicia ordinaria, y actualizar el Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural.
El encuentro también busca generar instrumentos institucionales —como guías y protocolos— que consoliden una visión de pluralismo jurídico en la Nueva Suprema Corte.
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La Corte anunció que este tipo de diálogos continuarán realizándose en otras regiones indígenas del país. El siguiente está programado en el estado de Nayarit, como parte de una estrategia nacional para fortalecer el vínculo entre la justicia federal y las formas tradicionales de resolución de conflictos.