
Foto: Cuartoscuro
Bajo su gestión en el Conacyt, Álvarez-Buylla benefició con un contrato millonario a Estudio MMX, en posible conflicto de interés, según reveló El Universal.
Durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla, el extinto Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) otorgó por asignación directa un contrato por 4 millones 431 mil 200 pesos al despacho Estudio MMX, mismo que diseñó el estudio de su hija, Jimena García Álvarez-Buylla, lo que podría ser considerado un posible conflicto de interés.
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De acuerdo con El Universal, el contrato se otorgó para desarrollar la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, un espacio inaugurado en septiembre de 2024, pero que se encuentra cerrado al público.
Estudio MMX fue contratado para ejecutar el proyecto de “Modelo de diseño museográfico, propuesta gráfica y programa espacial y material de la museografía, desde el acceso universal al conocimiento, para el espacio público”.
El pago de poco más de 4.4 millones de pesos se realizó en 2023. Es decir, dos años después de que Jimena García contactó al despacho para el desarrollo de su estudio, que está dentro de la propiedad de su madre ubicada en la alcaldía Tlalpan.
La hija de Álvarez-Buylla presumió el proyecto a la revista arquitectónica dwell, donde se habla sobre la construcción de casi 60 metros cuadrados, con dos niveles y que conecta con la vivienda de la exdirectora del Conahcyt.
La relación entre la exfuncionaria y Estudio MMX no nació en el ámbito público, sino en el privado.
Esa conexión ha generado señalamientos de posible conflicto de interés, ya que la empresa que trabajó en un encargo familiar fue posteriormente beneficiada con recursos públicos por la Conahcyt.
El propio Código de Conducta de la instancia establecía que los funcionarios deben abstenerse de actuar bajo conflicto de interés, y que las actividades personales o familiares no deben interferir con los intereses institucionales.
Sin embargo, el contrato con Estudio MMX habría transgredido ese principio de imparcialidad.
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Este caso se suma a las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los ejercicios presupuestales del Conahcyt en el periodo que ejerció Álvarez-Buylla.
En distintas revisiones, la ASF ha documentado irregularidades en la extinción y manejo de fideicomisos, que han derivado en observaciones por posible daño al erario.
Incluso, la Auditoría denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) posibles malos manejos de recursos que podrían resultar en un daño al erario por más de 50 millones de pesos.