
Foto: ISTOC
Morena se consolida como la principal fuerza política de México, pero enfrenta señalamientos por presunto financiamiento ilícito en sus campañas
A más de 10 años de su conformación como partido, Morena se ha convertido en la primera fuerza política del país y también en el instituto que recibe el mayor financiamiento público entre el resto de los partidos, incluida la oposición. Pero, ello no ha exentado al movimiento fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de acusaciones de un presunto financiamiento ilegal para sus campañas electorales.
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Desde “huachicol” hasta la supuesta circulación de recursos del narcotráfico, estas son las acusaciones de las posibles fuentes ilícitas del dinero “sucio” en el partido en el poder, que encienden las alertas en la democracia mexicana, por una posible y peligrosa alianza entre el poder político y las estructuras del crimen organizado.
En un país con una larga historia de opacidad en el financiamiento político, la autodenominada “Cuarta Transformación” prometió marcar un antes y un después y eliminar la corrupción.
La fortuna que recibe Morena como partido político:
Para el ejercicio fiscal 2025, Morena fue el partido político que recibió el mayor monto de financiamiento público federal, con una suma total de 2 mil 658 millones 946 mil 877 pesos, de acuerdo con el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
De dichos recursos, tan solo 2 mil 486 millones son para actividades ordinarias y 74.5 millones para actividades específicas.
Pero que Morena sea el partido que más recursos recibe no es producto de un capricho ni de un beneficio desleal, sino que es el INE, a través de una fórmula, quien determina el financiamiento público de los partidos, tal como lo marca la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos.
Se basa principalmente en el número de votos obtenidos en la última elección federal, lo que refleja el respaldo ciudadano en las elecciones del 2024, en las que Morena obtuvo la mayoría de votos a nivel nacional.
No obstante, y pese a ser el partido más costoso para los mexicanos, ha sido señalado por el supuesto financiamiento de recursos del crimen organizado.
El presunto financiamiento de campañas vinculadas al morenismo, vienen desde 2006.
En enero de 2024, el medio estadounidense ProPublica reveló que presuntos líderes del Cártel de Sinaloa habrían financiado la campaña electoral de AMLO en su primera búsqueda por la Presidencia de México.
Una investigación publicada por el medio estadounidense reveló que agentes de la DEA obtuvieron indicios de que el Cártel de Sinaloa habría entregado alrededor de 2 millones de dólares a operadores políticos vinculados a la campaña presidencial de AMLO en 2006. Según el reportaje, los narcotraficantes buscaban garantizar que, de llegar al poder, el entonces candidato del PRD ofreciera tolerancia a sus operaciones criminales.
El informe -firmado por el periodista Tim Golden- se basa en presuntos testimonios de exagentes estadounidenses y documentos de inteligencia. De acuerdo con estos, un exoperador político y ahora informante, Roberto López Nájera, relató que actuó como intermediario entre figuras del crimen organizado y miembros del equipo de campaña de López Obrador.
Supuestamente, las entregas de dinero se realizaron en tres ocasiones, en donde los recursos habrían sido canalizados a través de Mauricio Soto Caballero, ex colaborador de la campaña, y posteriormente hacia Nicolás Mollinedo Bastar, quien fungía como coordinador logístico, quien negó los señalamientos.
A pesar de las acusaciones, ProPublica aclaró que no existen pruebas concluyentes de que López Obrador estuviera al tanto de estos aportes o los hubiese autorizado. Mientras que las fuentes consultadas en Estados Unidos coincidieron en que la operación fue considerada políticamente delicada y que, ante la falta de evidencia sólida, el caso no prosperó en los tribunales.
Desde el Gobierno federal, el expresidente López Obrador rechazó la información y la calificó de “ataques sin fundamento” provenientes del extranjero.
El empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo -conocido como “El Rey del huachicol” ha sido señalado como un presunto financiador ilegal de campañas para candidatos de Morena, entre ellos a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, así como a aspirantes a senadurías y gubernaturas.
Columnistas como Salvador García Soto y Raymundo Riva Palacio recogen versiones de inteligencia y testimonios que atribuyen a Carmona inyecciones por aproximadamente 500 millones de pesos destinadas a apoyar candidaturas morenistas en estados como Nuevo León, Nayarit, Zacatecas, Campeche, Michoacán y Baja California.
Carmona Angulo era considerado como pieza clave en las redes de robo de combustible y se le vinculaba con cárteles de la droga, incluyendo el Cártel del Noreste, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Los Zetas, previo a su asesinato en noviembre de 2021.
Columnas periodísticas señalan que el financiamiento habría operado como parte de un esquema más amplio de sobornos y comisiones para garantizar impunidad o influencias, y mencionan nombres de operadores y presuntos receptores —como Mauricio Soto Caballero y otros vinculados a la logística de campañas— que, según las versiones publicadas, habrían servido de puente entre Carmona y candidatos de Morena.
Según una investigación publicada por Excélsior, Carmona presuntamente canalizó el dinero y apoyos logísticos a favor de candidatos morenistas, entre ellos el actual gobernador Américo Villarreal Anaya.
Carmona y su hermano Julio son señalados por mantener una red de empresas fachada que habrían utilizado para triangular recursos provenientes de actividades de huachicoleo y comercio ilegal en aduanas fronterizas de Tamaulipas.
Dichos fondos habrían sido destinados a campañas de figuras de Morena como el exdiputado Erasmo González Robledo, así como a los alcaldes Eduardo Gattas, Carmen Lilia Canturosas y Armando Martínez, además de la legisladora petista Olga Juliana Elizondo, y Adriana Lozano, exdiputada y antigua secretaria de Finanzas de Tamaulipas.
Entre las pruebas, destacan el uso de vehículos de lujo por parte de políticos morenistas y registrados a nombre de compañías vinculadas a Carmona. Por ejemplo, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas, habría recibido una camioneta Tahoe, mientras que el diputado Erasmo González fue señalado por usar un Jeep Grand Cherokee presuntamente financiado por el empresario, los cuales no fueron reportados ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Según la investigación, esa relación habría servido para “legitimar” la presencia del empresario en actos de campaña y justificar los apoyos económicos, estimando el apoyo en un monto total de financiamiento ilegal podría haber alcanzado los 500 millones de pesos.
Una investigación publicada por Código Magenta reveló que Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría encabezado una amplia red de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) destinada al desvío de recursos millonarios provenientes del huachicol fiscal y del contrabando de combustibles.
De acuerdo con documentos de inteligencia nacionales y extranjeras citados por el medio, esa estructura habría canalizado parte de las ganancias ilícitas al financiamiento de campañas de Morena en los procesos electorales de 2021 y 2024.
Según el reportaje, el actual secretario de Organización de Morena habría diseñado junto con 27 funcionarios y colaboradores cercanos un presunto esquema de control sobre los permisos de importación de combustibles, así como sobre los mecanismos fiscales y jurídicos que permitieron la operación del tráfico ilegal de gasolina y diésel.
La investigación sostiene que esta red habría generado 55 mil millones de dólares en ganancias ilícitas durante seis años, producto del huachicol fiscal y el contrabando de combustibles provenientes de Estados Unidos. Según el informe, parte de esos recursos presuntamente fueron utilizados para financiar campañas de candidatos de Morena, garantizando la expansión y consolidación del partido en los comicios intermedios y presidenciales.
Hasta el momento, ni “Andy” López Beltrán ni las autoridades federales han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones.
Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado de la República, soñó en convertirse en el presidente de México, para ello, contendió en la interna del partido en donde quedó en cuarta posición, pero en el camino, habría acumulado el apoyo de privados.
Incluso en junio de 2023, Adán Augusto declinó recibir el financiamiento de 5 millones de pesos que la dirigencia nacional de Morena le otorgó a sus tres “corcholatas” para recorrer el país en búsqueda de ganar la encuesta que derivará en la candidatura presidencial.
Ahora, se reveló que habría contado con el respaldo de un empresario vinculado con la red de huachicol fiscal que operaba en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas, se trata de Saúl Vera Ochoa, empresario tabasqueño afín a López Hernández.
Una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Vera Ochoa habría operado el muelle 289 en el puerto de Tampico el cual habría sido utilizado para el ingreso de buques con combustible ilegal y al mismo tiempo, fue impulsor de la campaña presidencial del exsecretario de Gobernación.
De acuerdo con documentos oficiales y testimonios judiciales, la empresa concesionaria de Vera Ochoa habría sido parte de una red de corrupción portuaria que facilitaba el atraque de buques huachicoleros mediante el pago de sobornos de hasta 1.7 millones de pesos por embarcación.
La investigación también documenta que algunas de las empresas relacionadas con Vera Ochoa fueron constituidas en la notaría de Adán Augusto López, lo que refuerza la cercanía entre ambos. Además, el empresario ha expresado públicamente su apoyo político a López Hernández, participando en eventos y actividades alineadas con el proyecto de Morena.
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