El ajedrez del Poder Judicial: el Órgano de Administración que mueve las piezas de los jueces

En silencio y sin reflectores, un nuevo actor surgió dentro del Poder Judicial de la Federación. Es el Órgano de Administración Judicial (OAJ), y aunque su nombre suena burocrático, su poder es todo menos técnico: controla presupuestos, evaluaciones, ascensos, traslados y la administración de los jueces y magistrados en todo el país.

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La polémica —o el dato incómodo— es quiénes lo integran.

De los cinco consejeros, tres fueron designados por la Suprema Corte, uno por el Senado y otro por el Ejecutivo Federal. Pero detrás de ese reparto formal, los perfiles revelan una línea de afinidad política que no pasa desapercibida.

En sus manos está también el futuro de jueces y magistrados que no están alineados ni con la reforma judicial ni con la Cuarta Transformación. En otras palabras, el tablero está listo: una nueva mesa de juego político donde se mueven piezas judiciales como si fueran fichas de ajedrez. Cada consejero representa una corriente, una lealtad, una historia.

Los rostros del nuevo poder judicial

El consejero Néstor Vargas Solano, exconsejero jurídico de Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, encabeza el órgano. Un jugador con experiencia en la casa grande del oficialismo. De hecho, pocos ignoran que fue parte del primer círculo jurídico de la hoy presidenta.

A su lado, Surit Berenice Romero Domínguez, exfuncionaria federal y exsubprocuradora de la Profeco. Llegó al órgano respaldada por el voto mayoritario de Morena y sus aliados en el Senado. En el tablero político, representa la pieza que asegura la continuidad del proyecto, pero con el toque de disciplina institucional.

La nueva Suprema Corte, que preside el ministro Hugo Aguilar Ortiz, propuso a Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez como parte del bloque de tres consejeros que corresponden al máximo tribunal.

Aquí la partida se pone más interesante:

• Josefina Pérez Romo, magistrada de carrera, fue vista durante años como cercana al exministro Arturo Zaldívar, ese mismo que pasó de ser figura de la Corte a actor político de la 4T.
• Catalina Ramírez Hernández, de origen indígena, con pasado en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y candidaturas de Morena a una diputación local y la presidencia municipal de Huejutla de Reyes en la Huasteca Hidalguense.
• Gallegos Ramírez, exfuncionario del INPI, FONATUR e INDEP, completa la jugada: tres dependencias del obradorismo y ahora una silla en el órgano que decide la vida administrativa del Poder Judicial.

El filo de la imparcialidad

La Constitución exige independencia. El OAJ no dicta sentencias, pero puede mover las piezas detrás de ellas. Decide quién sube, quién baja, quién se queda sin recursos y quién termina reubicado “por necesidades del servicio”.

En teoría, administra. En la práctica, opera.

El riesgo se multiplica para los jueces y magistrados que no comulgan con Morena ni con la reforma judicial. Cada evaluación, cada promoción o traslado puede ser un jaque preventivo. Los que no se alineen pueden encontrarse con despachos vacíos, presupuestos recortados o, de plano, con una mudanza al otro extremo del país.

Las sentencias incómodas. Un amparo, una suspensión o un fallo contrario al oficialismo puede ser suficiente para que el juez en cuestión empiece a notar que las evaluaciones se retrasan o que los concursos se esfuman misteriosamente.

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Una justicia en observación

Entre jueces y magistrados la pregunta ya circula en voz baja:

¿Qué ocurrirá con quienes no comparten la reforma judicial ni la afinidad con la 4T?

El murmullo en los pasillos del Poder Judicial suena más fuerte cada día: quien controla las evaluaciones, los traslados y los presupuestos, controla también el ánimo y el silencio de los jueces.

Los jueces incómodos podrían ser reubicados en plazas distantes o peligrosas; los que se alineen, ascendidos con rapidez.