
Foto: Obtenidas de redes
A ambos marinos se le acusa de operar la enorme red de huachicol fiscal con millones de pesos en ganancias ilegales

En lo más alto de la estructura naval mexicana, dos hermanos iniciaron una operación que transformaría las aduanas marítimas en su feudo personal, según la investigación del escandaloso “huachicol fiscal” que abrió la Fiscalía General de la República.
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Aparecen en la causa penal 325/2025 como los cerebros de una red que se extendía por los puertos más importantes del país:
El de más alto rango, Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante adscrito a la Sexta Región Naval, recluido en el Penal Federal de “El Altiplano” -Estado de México-, sujeto a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Fernando Farías Laguna, contraalmirante en la Tercera Región Naval, está prófugo de la justicia, con orden de aprehensión en su contra y ficha roja de Interpol para búsqueda internacional. Solicitó una suspensión provisional para evitar su detención; le fue concedida por un juez federal y posteriormente revocada. En dos ocasiones han aplazado su audiencia de imputación y una tercera está programada para este 5 de noviembre.
Ambos, son sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La primera pista de su existencia surge en las declaraciones de sus subordinados. Un colaborador clave, conocido en la investigación como “SANTO”, en su momento titular de la aduana de Tampico, reveló que desde 2022 circulaba entre el personal naval la mención de “Los Primos” como las personas que controlaban los destinos de las aduanas.
“Estaba muy palanca con los ‘PRIMOS’”, le comentó un compañero cuando lo reclutaban para la red, sin revelarle inicialmente sus verdaderas identidades.
La indagatoria describe a los hermanos como los arquitectos de un sistema de control que manipulaba las promociones y ascensos dentro de las aduanas. Según las declaraciones de sus colaboradores, son los que gestionaban los ascensos y las promociones.
“El vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas y su hermano el contraalmirante Fernando Farías Lagunas tejieron una red compleja de servidores públicos que operan como colaboradores de actos de corrupción. A través de esta estructura consolidaron un control sistemático y sostenido sobre áreas estratégicas de la administración pública federal, cometiendo presuntamente los delitos de tráfico de influencia enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada”, relata literalmente el expediente.
Utilizando su posición dentro de la Secretaría de Marina, colocaban a personal leal en puestos estratégicos de las aduanas, creando una red de complicidades que se extendía desde Tampico hasta Ensenada.

Desde sus posiciones de alto mando en la Secretaría de Marina, los hermanos Farias Laguna diseñaron un sistema meticuloso.
Coordinaban el flujo de buques cargados con hidrocarburos ilegales que llegaban a puertos mexicanos disfrazados como “aditivos para aceite lubricante”.
Cada barco que atracado representaba ganancias millonarias. La operación era tan lucrativa que, según el análisis financiero del Centro Federal de Inteligencia Criminal, generaba flujos de dinero que permitían sobornos sistemáticos.
Por cada barco que descargaba ilegalmente en Tampico, se distribuían entre el personal aduanal “sobornos por 1 millón 750 mil pesos”, creando una red de complicidades que garantizaba el silencio y la continuidad de las operaciones ilícitas, advierte el expediente.
La investigación documenta cómo los hermanos Farías Laguna establecieron su control sobre al menos cuatro aduanas estratégicas:
En Tampico, donde “SANTO” ejercía como director siguiendo las instrucciones de la red; como también en Altamira, Ensenada y Guaymas
Cada plaza representaba un eslabón en la cadena de mando que terminaba en los despachos de los hermanos Farías Laguna.
Los documentos revelan que los hermanos operaban a través de intermediarios clave. Humberto López Arellano, capitán de navío, aparece identificado como el operador que “ayudaba con estos trámites” de ascensos y movimientos de personal.
Pero la pieza más importante en su tablero era Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado en las investigaciones como el “enlace entre los titulares de las aduanas” que actuaba “con el visto bueno de los hermanos Farías” para gestionar los cambios en la red de corrupción.
Entre los cientos de folios de la investigación, se configura la acusación contra los dos hermanos que utilizaron su posición de privilegio dentro de la Marina para construir un imperio criminal.
Desde sus despachos en la estructura naval, manejaban los hilos de una organización que comprometía la seguridad de las fronteras marítimas mexicanas.

El andamiaje de esta red criminal era de tal magnitud que por lo menos la orden de aprehensión del 19 de agosto de 2025 se libró en contra de 26 implicados que van desde marinos, empresarios y funcionarios aduanales.
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Deberán enfrentar acusación por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.