Foto: Cuartoscuro
El ‘limbo’ de la Reforma Judicial: 880 jueces siguen sin pago y con prohibición de litigar
Los juzgadores han agotado todas las vías legales posibles para lograr que se les otorgue su indemnización.
Salvador Maceda
Publicada: nov 10 a las 20:29, 2025
La paciencia se agotó. A poco más de un año de que la reforma judicial desmantelara estructuras completas del Poder Judicial, los jueces y magistrados cesados ya no piden explicaciones: exigen el pago de la indemnización constitucional que se les prometió por ley y que hoy sigue sin llegar para aproximadamente 880 impartidores de justicia, lo cual representa un monto superior a los 2 mil 500 millones de pesos.
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El colectivo de personas juzgadoras federales en retiro, integrado por quienes no fueron electos o decidieron no participar en la reciente elección judicial, anuncia su tercera marcha, ahora con el hartazgo al límite. La cita será el 12 de noviembre frente al Órgano de Administración Judicial (OAJ), y terminará frente al viejo edificio en Insurgentes Sur.
Los manifestantes aseguran que el incumplimiento del gobierno federal es un golpe directo a la Constitución. El artículo Décimo Transitorio del decreto de reforma judicial publicado el 15 de septiembre de 2024, ordena expresamente que se les indemnice con tres meses de salario integrado más veinte días por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes.
El pretexto oficial llegó en mayo de 2025: la Dirección General de Recursos Humanos del Órgano de Administración Judicial notificó que “no se cuenta con los recursos económicos” para pagar las indemnizaciones.
La explicación señala que los fideicomisos del Poder Judicial fueron concentrados en la Tesorería de la Federación, por mandato del propio decreto, y que los montos están tan fuera del alcance de los nuevos administradores que han solicitado a la Secretaría de Hacienda una extensión de presupuesto para liquidar esas deudas.
En palabras de los jueces que han sido consultados, esa maniobra fue un despojo disfrazado de legalidad. Los recursos no desaparecieron, aseguran, están bajo control del gobierno federal. Lo que falta es voluntad política.
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Una violación constitucional
Los jueces recuerdan que su derecho no es una dádiva, sino una obligación constitucional derivada de la inamovilidad judicial y de la restricción del artículo 101 constitucional, que les prohíbe litigar durante dos años después de su encargo. Sin indemnización y sin posibilidad de ejercer su profesión, se encuentran en un limbo jurídico y económico.
El artículo Vigésimo Transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024, reafirma ese derecho y ordena que los pagos se realicen con cargo a los recursos federales referidos en el transitorio constitucional.
Reuniones, promesas y puertas cerradas
La molestia crece porque los jueces no solo han protestado en las calles. Han agotado todas las vías institucionales: sostuvieron reuniones con mediadores del Órgano de Administración Judicial, donde se les prometió una revisión “caso por caso”. Incluso solicitaron audiencia con el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, en busca de una salida que no llegaba.
Advierten que las movilizaciones seguirán hasta que se cumpla la ley. Porque detrás del silencio hay una deuda constitucional pendiente.
