
Foto: Cuartoscuro
Los bloqueos carreteros del lunes despertaron el debate sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta de la nueva Ley General de Aguas se ha convertido en el nuevo campo de batalla de la 4T. Este lunes, organizaciones agrícolas y transportistas protagonizaron una jornada de bloqueos en casetas y tramos carreteros en diversos puntos del país, exigiendo frenar la iniciativa que Morena busca aprobar en el Congreso.
Mientras los transportistas sumaron reclamos de seguridad, el sector campesino mantiene un rechazo total a la reforma presentada hace unas semanas, argumentando que pone en riesgo la certeza jurídica de sus tierras.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las movilizaciones. Sostuvo que su gobierno mantiene el diálogo, pero lanzó un dardo político: subrayó que la inconformidad proviene principalmente de quienes tienen “acaparadas concesiones” de agua.
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Las movilizaciones surgen semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara la iniciativa.
Ante los reclamos de los agricultores, la mandataria sostuvo que su gobierno mantiene el diálogo mediante mesas de trabajo, pero subrayó que la propuesta ha causado inconformidad a quienes tienen “acaparadas concesiones” de agua.
Los agricultores acusan que la iniciativa abre la puerta a restricciones más estrictas para el uso agrícola del agua, un recurso que, aseguran, ya enfrenta presiones por sequías y reducciones en el suministro.
Otros sectores han alertado que la nueva ley podría limitar concesiones, imponer mayores sanciones y crear condiciones de incertidumbre para la producción.
Además, hay señalamientos de que el proyecto no define con claridad los mecanismos de distribución y priorización del agua, lo que podría vulnerar derechos adquiridos y profundizar la disputa por el vital líquido.
“Quitar el derecho de transferir concesiones devalúa la propiedad casi de un día para otro. El patrimonio de familias, ranchos y tierras agrícolas, acumulado durante generaciones, queda en manos de una burocracia lejana”, recriminó Adrián LeBarón.
La iniciativa de Morena pretende sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales con un marco que reorganiza concesiones, regula la gestión comunitaria, prioriza el uso humano del agua y otorga nuevas atribuciones a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Sin embargo, especialistas han advertido que la redacción presenta ambigüedades, especialmente en la delimitación de facultades para el sector agrícola y en los criterios de inspección, lo que ha alimentado la preocupación entre productores.
Morena ha defendido que se trata de una ley que busca ordenar el recurso y frenar su explotación sin control.
Sheinbaum ha mantenido el respaldo a la iniciativa, aunque ha mencionado que no se aprobará nada sin antes aclarar dudas y garantizar que ningún sector productivo resulte perjudicado.
La discusión de la Ley General de Aguas está programada para continuar en la Cámara de Diputados. En este debate, se han realizado audiencias públicas con diferentes organizaciones y representantes. Sin embargo, no han estado exentas de polémica.
La dirigente del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, acusó a Morena de “cobardía” por no asistir a uno de los foros que se llevaron a cabo en el estado, donde productores buscaban exponer sus inquietudes.
“Los legisladores de Morena son unos cobardes porque era su momento de ir, escuchar, hablar, defender (...) ¿De qué lado están realmente? Del lado de sus intereses“, alegó.
Tras el megabloqueo de este lunes, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, se reunió con el titular de Conagua, Efraín Morales López, para revisar la propuesta en conjunto.
“Coincidimos en enriquecer las iniciativas con las opiniones emitidas al respecto. Legislaremos en favor de la nación”, planteó.
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Ante este escenario, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que la ley no representará ningún riesgo para el campo ni para la población en general.
“Hasta que no queden perfectamente aclaradas las dudas, y precisadas bien la redacción de los artículos, no va a haber absolutamente ningún cambio, ni aprobación”, dijo.

Para la 4T, la iniciativa representa una de las reformas más relevantes de la nueva administración. Sin embargo, el costo político ha empezado a crecer debido a las protestas y la presión del sector agrícola.
Por ahora, la Ley General de Aguas parece que se convertirá en un nuevo campo de batalla entre el oficialismo y la oposición, pues las diferencias políticas, junto a los reclamos de los distintos sectores, podrían escalar hacia un nuevo episodio de tensión.