
Foto: Facebook.
Un juez vinculó a proceso a “El Licenciado”, señalado como autor intelectual, y a siete escoltas del edil por su presunta complicidad en el crimen.

La justicia mexicana formalizó el proceso penal contra los presuntos responsables en el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
Suscríbete a nuestro newsletter.Da click aquí.
Luego de una audiencia de casi 18 horas, un juez de control dictó la vinculación a proceso y la continuidad de la prisión preventiva oficiosa contra el presunto autor intelectual, Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, junto a siete escoltas que conformaban el cuerpo de seguridad personal del edil.
La información detalla que el juzgador encontró pruebas suficientes para formalizar el inicio del proceso penal contra los ocho implicados por su presunta participación en el homicidio calificado de Manzo y las lesiones calificadas en agravio de dos civiles.

El juez de la causa dictó la continuidad de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los ocho acusados, quienes enfrentarán el proceso en un penal federal en el Estado de México.
Jorge Armando “N” fue vinculado a proceso por ser señalado como el operador de la logística y presunto autor intelectual del homicidio.
La acusación se soporta con el análisis de uno de los celulares recuperados, el cual corrobora que él “habría sido quien daba las instrucciones” para realizar la ejecución.
Por otro lado, los siete elementos de seguridad pública municipal fueron acusados de Homicidio Calificado en su modalidad de Omisión por Comisión.
Esto último implica que, a pesar de su obligación de proteger al alcalde, su inacción permitió que los sicarios llevaran a cabo el atentado.
El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y estableció que el proceso judicial no podrá durar más de dos años.
No solo te informamos, te explicamos la política.Da clic aquí y siguenos en X (Twitter).
Durante la audiencia, Jorge Armando ‘N’ rindió su declaración, donde negó enfáticamente cualquier vínculo con el crimen organizado o pertenencia a algún grupo delictivo, tal como reportó Milenio.
El acusado señaló que al momento de su detención en Morelia, se dirigía a un partido de fútbol de su hijo.
Denunció haber sido “incomunicado, golpeado y torturado” por individuos encapuchados que nunca se identificaron.
Relató que fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde fue grabado, sometido a revisiones y advertido de que si no cooperaba, su esposa, que supuestamente estaba en otra sala, “la iban a matar”.
En su defensa, reveló que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, que trabajó como contratista para la CFE, y que fue asesor en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
