El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que existen carpetas abiertas contra policías municipales y estatales tras el hallazgo de supuestas “nóminas” delictivas en cateos
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que se mantienen abiertas diversas investigaciones en contra de servidores públicos por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El funcionario detalló que estas acciones legales responden a indicios recabados en operativos recientes, donde se localizaron documentos que sugieren el pago de sobornos a autoridades de distintos niveles.
“Actualmente, hay investigaciones en curso en contra de policías municipales, estatales, también de otro tipo de personas que sabemos que tenían participación con este grupo”.
Harfuch fue cuestionado sobre las supuestas nóminas de Nemesio Oseguera, en las que se detallan los gastos y ganancias del CJNG.
Los documentos, dados a conocer por El Universal, detallan pagos a personas denominadas ‘halcones’, hasta presuntos mandos de seguridad.
“Sobre la veracidad de las listas ya informará la Fiscalía General de la República... una vez que la Fiscalía General de la República podrá informar e iniciar carpetas cuando así lo corresponda”, manifestó el secretario.
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El secretario fue enfático al señalar que existen procesos activos contra elementos de seguridad que habrían colaborado con células delictivas.
Al ser cuestionado sobre el alcance de estas indagatorias, confirmó que la participación detectada incluye a diversas escalas de la autoridad local.
Al ser interrogado sobre la posible implicación de políticos en activo, aclaró que los expedientes se centran en otros perfiles: “De políticos no tenemos, tenemos de autoridades locales y otros actores pero no de políticos”.
Sostuvo que en cualquier caso donde se presente una “prueba clara”, se iniciará una investigación contundente sin distinción de si el implicado es un servidor público o civil.
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El funcionario subrayó la importancia de respetar la cadena de custodia de los documentos e indicios hallados en los domicilios cateados para garantizar la legalidad de los procesos judiciales que la FGR decida emprender.
