Una fiscal subordinada

Ahora quieren fingir que están cumpliendo la ley, pero ya es imposible después de la ilegal renuncia forzada del fiscal.

Alejandro Gertz Manero fue nombrado fiscal general de la república en enero de 2019 al comenzar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se cumplieron, cuando menos formalmente, los requisitos legales. El Senado recibió propuestas de 27 aspirantes, de los cuales se definió una lista de 10, cuyos nombres fueron enviados al presidente.

Este seleccionó a tres, muy cercanos a él, Verónica de Gyves Zárate, Bernardo Bátiz y Alejandro Gertz Manero, pero se sabía desde el principio que el Senado elegiría a Gertz, el favorito del mandatario.

Gertz Manero se convirtió en el primer fiscal general supuestamente autónomo el 19 de enero de 2019. El cargo debía durar nueve años, pero antes de los seis la presidenta Claudia Sheinbaum decidió poner fin a su mandato.

No lo destituyó, lo cual hubiera sido ilegal dada la autonomía constitucional de la FGR, a menos de que se comprobara una causa grave, pero sí le exigió la renuncia. Sin embargo, esto también es ilegal y solo podría proceder –igual que la remoción-- por una causa grave.

Ante los rumores de la renuncia, la presidenta Sheinbaum declaró en la mañanera el 27 de noviembre que Gertz no le había manifestado que quería renunciar, pero añadió que el Senado le había hecho llegar una “carta” cuyo contenido estaba estudiando. Los senadores fueron convocados a las 10 de la mañana para una sesión extraordinaria, cuyo propósito no se divulgó. Durante siete horas esperaron por una carta de renuncia que no llegaba.

Los líderes morenistas sesionaron en privado en el Senado e impidieron, de manera inusitada, el ingreso de periodistas. Finalmente llegó un escrito de solo tres párrafos que no requería de siete horas para su redacción.

Pero ahí no terminaron las irregularidades. La carta no era realmente una renuncia. El fiscal simplemente comunicó al Senado que la presidenta Sheinbaum le había hecho una propuesta para nombrarlo embajador “en un país amigo” por lo cual “me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la república”. Pero el fiscal no puede nada más retirarse del cargo.

Debió presentar una renuncia formal, que tenía que justificar una causa grave. Los senadores oficialistas no se preocuparon: tomaron la carta como una renuncia y añadieron que la causa grave era haber aceptado el cargo de embajador. La verdad es que ni la renuncia fue renuncia ni la causa grave. La acción debe considerarse nula, aunque ya no tenemos tribunales independientes que así lo puedan establecer.

Por si no fuera suficiente, el fiscal Gertz destituyó ese mismo 17 de noviembre a la fiscal de control competencial para nombrar inmediatamente en el cargo a Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la Presidencia. Godoy quedó así como encargada de despacho cuando el Senado validó la ilegal renuncia del fiscal.

Fue tan desaseado el procedimiento, que ha habido un esfuerzo posterior para manejar la sucesión con apego a la ley, pero es una simulación. Se presentaron 43 aspirantes a la fiscalía y el Senado escogió a 10, todos cercanos al gobierno. La presidenta Sheinbaum seleccionará una terna, que estará integrada también por candidatos leales a ella. El Senado elegirá a Godoy, quien ha sido subordinada de Sheinbaum y lo seguirá siendo.

A pesar de que la Constitución señala que el país debe tener una fiscalía autónoma, este propósito ha sido descartado. Si la izquierda, con el argumento de que no quería un “fiscal carnal”, peleó contra la intención de Enrique Peña Nieto de nombrar a Raúl Cervantes, ahora está votando por una fiscal cuyo mérito más notable es ser leal a la presidenta Sheinbaum.

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