
Foto: Cuartoscuro
La explosión de un coche bomba en Coahuayana iba a ser investigado como acto terrorista, pero la FGR dio un paso atrás

Este fin de semana, el país se vio sacudido luego de que en Coahuayana, Michoacán, explotó un vehículo con explosivos frente al cuartel de la policía comunitaria.
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El acto criminal dejó 5 muertos y 7 heridos, de acuerdo con cifras oficiales, por lo que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad. Sin embargo, esto ha causado polémica y debate entre la sociedad mexicana.

Ya que horas después de ocurridos los hechos, la fiscal Ernestina Godoy publicó un comunicado en el que indicó que la situación será investigada bajo el delito de ‘terrorismo’ y en la investigación participaría la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
Pero para la tarde del día siguiente, anunció que la carpeta de investigación se abrió por el delito de delincuencia organizada, lo que generó controversia debido a la contradicción.
Esto ha generado una discusión pública debido a que se ha acusado a la autoridad de querer restarle gravedad al asunto y no despertar alarmas, especialmente en el marco de la celebración del Mundial 2026.

De acuerdo con el Código Penal Federal, en el artículo 139, se contempla como terrorismo los casos en los que se realicen actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, así como contra la integridad física, emocional o la vida de personas “que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular”.
Para estos fines, se considera el uso de:

En la comisión de estos delitos se establecen penas de 15 a 40 años de cárcel y una multa de 400 a 200 Unidades de Medida y Actualización diarias; de 5 a 15 años y de 200 a 600 días de multa a quienes amenacen con cometer terrorismo y uno a 9 años de prisión y cien días de multa a quien encubra estos hechos.
Por ello se ha alegado si debe ser considerado como un acto de terrorismo, especialmente por ser un ataque directo a la policía comunitaria
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El crimen se da en un contexto complicado para el país debido a las presiones en el tema de seguridad realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la constante amenaza de realizar intervenciones en países como México para lidiar con el narcotráfico.

Desde su llegada a la presidencia por segunda ocasión, el mandatario catalogó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, lo que ha abierto la puerta a realizar ataques en territorios extranjeros.
Tal ha sido el caso de las embarcaciones con presunta droga atacados con misiles en el Caribe y la movilización de tropas a las costas de Venezuela con el pretexto de ir contra el Cártel de los Soles, supuesta organización criminal que lideraría Nicolás Maduro.
Ante estas acciones, el gobierno mexicano ha buscado reforzar la seguridad en el territorio y aunque Trump ha reconocido los esfuerzos, ha sido claro: no son suficientes. Incluso en días pasados dijo estar dispuesto a realizar ataques en territorio mexicano.
“¿Lanzaría ataques a México para detener las drogas? Por mí está bien, lo que sea que tengamos que hacer para detener el tráfico de drogas en México”, señaló.