
Foto: Desconocido
La autorización fue concedida por Washington el 4 de diciembre de 2025, por lo que se dio paso a la ejecución de la orden de aprehensión por parte de la FGR.

La reciente acusación contra el exgobernador César Duarte Jáquez por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) está sujeta a autorización internacional.
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A pesar de que Duarte se encuentra detenido en territorio mexicano y es de evidente nacionalidad mexicana, el gobierno de nuestro país está legalmente obligado a solicitar la autorización de su homólogo de Estados Unidos para poder procesarlo por este nuevo cargo.

Esta restricción no es opcional, sino un requisito fundamental del Tratado de Extradición entre ambas naciones.
Esta obligación se rige por el Principio de Especialidad, una norma esencial en el derecho de extradición que establece que la persona extraditada solo puede ser juzgada en el país que la recibe (el Estado Requirente, en este caso, México) por los delitos que se especificaron en la solicitud formal y que fueron autorizados por el país que efectuó la entrega (el Estado Requerido, Estados Unidos).
En la aplicación de este principio al caso Duarte, se debe recordar que, cuando fue entregado en julio de 2020 desde Miami, la extradición se concedió únicamente para que respondiera por los delitos de peculado y asociación delictuosa del fuero común de Chihuahua.
El nuevo señalamiento por lavado de dinero es un delito distinto, de competencia federal, por lo cual no estaba incluido en el acuerdo inicial de extradición, generando así la limitación legal.
Para superar este obstáculo, la Fiscalía General de la República (FGR) gestionó, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una solicitud diplomática dirigida al Departamento de Estado de la Unión Americana.
En esta comunicación, México pide formalmente que se otorgue una dispensa o renuncia al Principio de Especialidad, permitiendo así que el nuevo delito federal se sume al proceso penal ya en curso.
Esa autorización fue concedida por Washington el 4 de diciembre de 2025.
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