
Foto: cuartoscuro
El secretario de seguridad Omar Harfuch negó que cualquier ataque esté dirigido al gobierno y aseguró se trata de un conflicto territorial entre grupos armados

En las recientes declaraciones del secretario de seguridad Omar Garcia Harfuch, durante la conferencia matutina, se abordó al grupo Cárteles Unidos (CU) de Michoacán señalado por el secretario como presuntos responsables de la explosión del coche bomba en el municipio de Coahuayana.

El secretario ofreció una perspectiva sobre los ataques con artefactos explosivos, al descartar que se trate de un “ataque directo” o un acto de “narcoterrorismo”. Harfuch ha sostenido que este tipo de agresiones son fundamentalmente resultado de la confrontación territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la coalición de Cárteles.
Además, proporcionó un dato clave sobre la dinámica del coche bomba, al señalar que según los indicios recabados, dos personas se encontraban a bordo del vehículo justo antes de la detonación del artefacto explosivo.
Este detalle técnico refuerza la narrativa de que el incidente estaría ligado a un ataque entre facciones criminales y no un acto directo hacia el gobierno o la población.
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Cárteles Unidos es una alianza estratégica de grupos criminales menores y medianos originarios de Michoacán, consolidada alrededor de 2020 con el objetivo primordial de contener la expansión y dominio del CJNG en el estado, particularmente en la región clave de Tierra Caliente.
Su formación representa un frente común para preservar su control territorial y sus actividades ilícitas frente a un rival más grande y poderoso, lo que los ha llevado a una confrontación constante y violenta.
Entre sus facciones más prominentes se encuentran Los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec. Esta amalgama de fuerzas se unió para crear un muro de resistencia, lo que ha generado una guerra territorial constante en el centro-occidente del país.
Sus actividades se han diversificado, abarcando desde el narcotráfico, con el trasiego de drogas sintéticas como el fentanilo hacia EE.UU., hasta el control de localidades.
El grupo ha dependido fuertemente de la extorsión a sectores productivos esenciales de Michoacán, como el lucrativo negocio del aguacate y los cítricos.
Sin embargo, el rasgo más alarmante de Cárteles Unidos es su escalada armamentística, pues se ha reportado que han introducido y perfeccionado el uso de artefactos explosivos improvisados y drones modificados con explosivos. Estas tácticas, más propias de conflictos armados, se han empleado contra sus rivales del CJNG, y contra elementos de las Fuerzas Armadas.
La escalada de violencia en Michoacán ha alcanzado puntos críticos, evidenciado por el asesinato de alcaldes como Carlos Manzo y ataques a policias, especialmente en municipios de Uruapan. Las autoridades federales han respondido con el despliegue de operativos y el anuncio del Plan Michoacán; en un intento por frenar la violencia en el estado gobernado por el morenista Alfredo Bedolla, quien también ha sido señalado por presuntos nexos criminales.

Las acusaciones sobre los presuntos vínculos entre el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la coalición criminal Cárteles Unidos (CU) han sido difundidas por organizaciones civiles como la plataforma Narcopoliticos, así como por la oposición política.
Estos señalamientos se basan en documentos de inteligencia y en supuestos vínculos familiares con figuras del crimen organizado en la entidad, incluyendo a Adalberto Fructuoso, alias “El Fruto”, un exalcalde de Aguililla que estuvo vinculado a Cárteles Unidos.
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De acuerdo con la plataforma, el Cártel Jalisco -señalado como principal enemigo de CU- habría acusado directamente a Ramírez Bedolla de proteger a su competencia, al presuntamente permitirle a Cárteles Unidos operar con mayor facilidad en el estado.
A pesar de las acusaciones, el gobernador Ramírez Bedolla ha negado cualquier relación con el crimen organizado o con Cárteles Unidos.