Hugo Aguilar ofrece primer informe como presidente de la SCJN

Hugo Aguilar Ortíz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió su primer informe de 100 días de labores. Destacó la independencia judicial al asegurar que no hay “subordinación” con otros poderes.

“En estos primeros meses hemos dejado claro que la Suprema Corte mantiene firme su responsabilidad institucional, no responde a intereses particulares; no se ajusta a presiones coyunturales; no permite que el clima político del momento distorsione su papel. Esta Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional. Su única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México.”

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En un acto que reunió a los principales operadores de la Cuarta Transformación, desde representantes de ambas cámaras hasta la fiscal general Ernestina Godoy y los plenos del Tribunal Electoral, del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, el ministro presidente aseguró que no atiende agendas políticas y que su única lealtad es constitucional.

En medio de la crisis por la que pasa el Poder Judicial por los desaciertos de nuevos jueces de la reforma constitucional y los adeudos a los impartidores que decidieron retirarse, Aguilar definió el informe como un punto de inflexión. Aseguró que se marcaba el fin de una Corte lejana, tecnificada y ajena a la ciudadanía para dar paso a una institución “cercana y abierta al pueblo”. Reiteró que, por primera vez, las ministras y ministros fueron elegidos por voto popular y que la rendición de cuentas dejó de ser “una concesión institucional” para convertirse en mandato democrático.

Describió el arranque de su gestión como la etapa que busca cerrar la brecha entre justicia y sociedad. Subrayó que la Corte adoptó una nueva identidad gráfica alineada a valores de inclusión y que incorporó interpretación en lenguas indígenas como reconocimiento al carácter pluricultural del país.

Independencia judicial

El ministro presidente afirmó que la independencia judicial es “un derecho del pueblo”, no un privilegio de jueces y juezas. Sostuvo que la relación con los otros poderes es institucional, directa y sin subordinación. “Hoy no existe sumisión ni subordinación, sino corresponsabilidad institucional y respeto a las atribuciones de cada uno.”

Añadió que la Corte no ajusta sus decisiones al clima político y que conserva una sola lealtad.

“La independencia judicial significa actuar con serenidad incluso cuando el entorno es complejo. Significa sostener la ley y la Constitución aun cuando es difícil hacerlo, y hacerlo sin estridencias, pero con convicción.”

Austeridad y eficiencia

Aguilar anunció que, gracias a una revisión completa de prácticas internas, no serán necesarios los 661 millones de pesos adicionales solicitados por la integración anterior.

Aseguró que la Corte eliminó privilegios y avanzó hacia un uso racional de recursos. “Estamos decididos a que todos ajusten sus percepciones al mandato constitucional y legal, que los privilegios no vuelvan nunca más y que la Corte sea ejemplo de trabajo, eficiencia, austeridad, honradez y transparencia.”

Enfatizó que estas medidas no representan un debilitamiento institucional, sino una redefinición de prioridades centradas en el interés público.

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Transparencia y combate a la corrupción

El informe destacó que el cien por ciento de las sesiones públicas del Pleno son televisadas y abiertas al público. Aguilar señaló que la información pública es un derecho y no una concesión y que por ello reactivaron el Comité Especializado de Transparencia, que llevaba dos años y ocho meses sin funcionar.

La justicia cercana al pueblo, dijo, se construye con presencia, apertura y escucha. Reportó un incremento de mil 300 por ciento en la atención ciudadana y destacó que diariamente hay personas y estudiantes dentro del salón de sesiones para observar las deliberaciones.

Productividad y cambio de dinámica interna

Uno de los ejes más repetidos en el informe fue el aumento en la productividad jurisdiccional. Señaló que la nueva Corte resolvió 2,590 expedientes en tres meses, de los cuales 663 pasaron por el Pleno. Explicó que, al inicio de su gestión, recibieron 417 asuntos pendientes de ejecución y que 106 ya fueron cumplidos.

Remarcó que el dinamismo del Pleno cambió por completo. Mientras antes se resolvían 1.8 asuntos por sesión, ahora el promedio es de 16.4.

También mencionó la reducción del tiempo para que un expediente llegue a las ponencias, que pasó de 60 días a solo 15.

Sobre la atracción de asuntos relevantes, comparó cifras. La Corte pasada atrajo 20 por ciento de las solicitudes y la nueva alcanzó 47 por ciento, lo que presentó como una mayor disposición para conocer casos de impacto social y constitucional.

Perspectiva de género e inclusión social

El informe dio un lugar central a los temas de género. Aguilar destacó la firma del Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, los talleres de masculinidades sin violencia y el proceso para crear un Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia de Género dentro de la propia Corte.

En materia jurisdiccional resaltó resoluciones sobre aborto forzado, violencia vicaria y terapias de conversión y mencionó que “hoy, como nunca antes, las mujeres ocupan la mayoría del Pleno”.

También dedicó un apartado a los derechos de personas con discapacidad, infancia y grupos en situación de vulnerabilidad, al señalar que cada asunto debe asumirse con perspectiva humanista y como una posibilidad de transformar vidas.