Video exhibe a funcionario de Bedolla: sí estuvo durante la tortura a Raúl Meza

José Guadalupe Gaona, coordinador de Seguridad Integral del gobernador de Michoacán, Arturo Ramírez Bedolla, habría mentido en su declaración oficial al asegurar “no haber estado presente” durante la represión del 2 de noviembre, ocurrida tras la protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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El periodista Ignacio Gómez Villaseñor publicó un video en redes sociales donde se aprecia que Guadalupe Gaona no solo dirigió personalmente el operativo, sino que presenció directamente la tortura del joven Raúl Meza Abonte, el único manifestante que sigue en prisión.

Además señalan que habría formateado el celular de la víctima, trararía de ocultar imágenes y borrar pruebas; también reportan que todo lo ocurrido lo habría reportado en tiempo real al gobernador de la entidad.

En dicho video se observa a Gaona dando instrucciones a los elementos de seguridad presentes en la represión. Además, se mira con un teléfono en la mano en lo que parece estar informando en tiempo real las acciones de los grupos policiacos contra los manifestantes.

¿Qué sucedió con Raul Meza?

Raúl Meza fue detenido el 2 de noviembre tras la marcha por el magnicidio de Carlos Manzo, podría ser condenado a más de diez años de prisión por el delito de “sabotaje”.

La Fiscalía del Estado argumentó que su grito de “Fuera Bedolla” es prueba de “intención política” para sostener la acusación, la cual la defensa califica de desproporcionada, alegando la ausencia de pruebas del daño material que se le atribuye.

A pesar de que el informe policial señaló que el manifestante supuestamente vandalizó una oficina, un video muestra que estaba ya rendido en el patio.

Denuncian tortura contra Raúl

La madre de Raúl denunció que el joven fue golpeado, sufriendo lesiones en dos costillas, pero la evidencia de su tortura fue ignorada por las autoridades locales. Además, acusó a Gaona de haber ordenado formatear el celular de Raúl Meza para eliminar pruebas.

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Mientras un juez de apelación ha ratificado la prisión preventiva, la defensa ha escalado el caso a nivel internacional, presentando una denuncia formal ante la Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su defensa alega que el estado de Michoacán debe responder por la tortura y violación de derechos, y no el activista por ejercer su derecho a manifestarse.