
Foto: Tomada de X
Contrato del Infonavit por casi mil millones de pesos a empresa de los hermanos del diputado morenista Ricardo Crespo desata polémica.

Un contrato federal por casi mil millones de pesos ha encendido la polémica en torno al diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, luego de que se revelara que la empresa beneficiada pertenece a sus hermanos.
El contrato CO-PVB-095-2025, por un monto de 993.9 millones de pesos, fue otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a la empresa Agicresa, propiedad de Arturo y Gibrán Crespo, hermanos del legislador morenista, para la construcción de 1,808 Viviendas del Bienestar en el municipio de Zempoala, Hidalgo.
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Crespo Arroyo salió a defender la asignación del contrato y rechazó que exista conflicto de interés, argumentando que él no labora en el Infonavit ni participa en los procesos de adjudicación.
“El hecho de que sea diputado no significa que mi familia no tenga derecho a trabajar”, sostuvo el legislador, al señalar que la empresa de sus hermanos cuenta con más de 20 años de operación en el sector de la construcción.
En el ámbito estatal, durante la administración del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar —también militante de Morena—, los hermanos Crespo Arroyo han resultado beneficiados con contratos otorgados por la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS). Entre ellos destaca el procedimiento NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002, mediante el cual se les adjudicó un monto de 11 millones 910 mil 606.60 pesos para la construcción del bardeado perimetral del Instituto de Formación Profesional (IFP), que incluye trabajos preliminares, muro de contención y obras complementarias.
La controversia escaló hasta Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió revisar el contrato y fue clara: si se detecta algún conflicto de interés, deberá suspenderse.
La mandataria subrayó que su gobierno mantiene el compromiso de combatir el influyentismo y el uso de relaciones políticas para obtener beneficios económicos, uno de los ejes discursivos centrales de la llamada Cuarta Transformación.
Aunque la empresa Agicresa tiene trayectoria previa, el caso ha levantado suspicacias debido a que el contrato millonario fue asignado justo cuando uno de los hermanos es diputado federal del partido en el poder.
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En un gobierno que ha prometido erradicar las prácticas del pasado, este episodio ha reavivado el debate sobre los límites entre lo legal, lo ético y lo político, así como el uso de redes familiares en el acceso a recursos públicos.