
Foto: Cuartoscuro
Diputados del PAN denunciaron ante la FGR a Raymundo Morales, Rafael Ojeda y Gonzalo López Beltrán por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Diputados del PAN formalizaron una serie de denuncias penales y administrativas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre.
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Los legisladores buscan que se determine la responsabilidad de altos mandos y figuras vinculadas a la administración pública con el accidente que cobró la vida de 14 personas y dejó más de 100 heridos.
A través de una serie de pronunciamientos encabezados por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el coordinador Elías Lixa, la bancada detalló que los recursos legales fueron interpuestos contra el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán; su sucesor, Raymundo Pedro Morales; y Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Dichas denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La diputada Kenia López Rabadán fue tajante al señalar que el accidente en el Tren Interoceánico es una prueba de que “la ineptitud y la corrupción matan”, por lo que subrayó la urgencia de garantizar justicia para todas las víctimas directas e indirectas.
López Rabadán enfatizó que, además de las sanciones, el Estado tiene la obligación de realizar una revisión exhaustiva de toda la infraestructura ferroviaria del país como una garantía de no repetición de esta tragedia.
Por su parte, el coordinador Elías Lixa sostuvo que lo ocurrido no es un simple asunto administrativo, sino una tragedia humana donde las indemnizaciones no sustituyen a la justicia; por ello, anunció que solicitarán una comisión especial en el Congreso para vigilar el esclarecimiento de los hechos.
El legislador puntualizó que cuando los recursos públicos se administran con negligencia, las consecuencias son obras inseguras y vidas en riesgo.
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El diputado Héctor Saúl Téllez señaló que la estrategia legal incluye peticiones de sanciones ejemplares no solo para servidores públicos, sino también para las empresas y proveedores beneficiados por la administración anterior.
Téllez hizo hincapié en que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe investigar los contratos otorgados a personajes cercanos a la familia López Beltrán, como el empresario Amilcar Olán, quien presuntamente operó bajo la supervisión honoraria de Gonzalo “Bobby” López Beltrán.
Finalmente, Federico Döring advirtió que la denuncia ante la FGR busca que todos los involucrados respondan ante un juez de control por delitos como homicidio culposo.
A esta postura se sumó la diputada Diana Gutiérrez Valtierra, quien exigió a la ASF que se rindan cuentas sobre auditorías previas que ya presentaban observaciones, insistiendo en que es necesario investigar qué se hizo con el dinero de los mexicanos, pues la falta de transparencia y el uso indebido de recursos públicos hoy cuestan vidas.