SCJN valida decreto de AMLO que extinguió Fonden y fideicomisos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a una disputa de más de cuatro años al validar el decreto de 2020 que ordenó la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

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Por unanimidad, el Pleno desechó las controversias constitucionales promovidas por ocho gobiernos estatales —Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán— al determinar que la eliminación de los fideicomisos no vulneró la autonomía de las entidades ni transgredió el pacto federal.

Ministro critica a la antigua Corte por retrasar resolución

El ministro Arístides Guerrero García, ponente de los proyectos, sostuvo que las demandas de los gobernadores opositores se basaron en argumentos generales sobre la conveniencia de mantener los fondos, pero sin acreditar afectaciones directas a competencias locales previstas en la Constitución.

“No se demostró que la extinción de los fideicomisos haya invadido facultades estatales. Solo se modificó el esquema de colaboración entre Federación y estados”, expuso el ministro.

Guerrero García presentó además una cronología del caso y reprochó que el Pleno anterior mantuviera los expedientes archivados durante años.

“No diré si fue una buena o mala Corte, pero sí fue irresponsable al haber detenido por tanto tiempo estos asuntos”, señaló.

La ministra Lenia Batres Guadarrama respaldó la decisión al considerar que los fideicomisos generaron opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos. Citó observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que evidenciaron irregularidades, falta de rendición de cuentas y uso ineficiente de los fondos.

“Estos mecanismos fueron diseñados para esquivar la transparencia. Su eliminación responde al principio de rectoría del Estado y al mandato constitucional de un manejo responsable del erario”, afirmó.

El máximo tribunal analizó este lunes la validez del decreto que extinguió recursos destinados a la atención de desastres naturales, protección de periodistas y ciencia, bajo el argumento oficial de “combatir la corrupción”.

Esta medida, que centralizó aproximadamente 60 mil millones de pesos, fue blanco de críticas debido a la falta de transparencia sobre el destino final de ese dinero y los señalamientos de opacidad en su manejo.

El proyecto presentado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García proponía reconocer la validez total del decreto de 2020, argumentando que la extinción de estos fondos no vulnera las facultades constitucionales de los estados.

Esta postura técnica se da pese a las protestas de entidades como Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, que denunciaron la desprotección financiera ante emergencias tras la eliminación del FONDEN y otros instrumentos similares.

¿Qué fue lo que pasó con estos fondos?

Todo estalló en 2020 cuando el Congreso, por orden presidencial, aprobó un decreto para eliminar de tajo fondos fundamentales como el FONDEN (para desastres naturales) y otros destinados a la investigación científica y la protección de periodistas.

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Esta decisión fue impugnada por varios estados que consideraron que se estaba centralizando el dinero de forma arbitraria y dejando en el olvido áreas estratégicas para el desarrollo del país.

El máximo tribunal analizó la validez del decreto que extinguió recursos destinados a la atención de desastres naturales, protección de periodistas y ciencia, bajo el argumento oficial de “combatir la corrupción”.

Entre los fideicomisos afectados estuvieron el Fonden, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Conacyt, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y el Fondo Metropolitano.

Esta medida, que centralizó aproximadamente 60 mil millones de pesos, fue blanco de críticas de los operadores de la cuarta transformación debido a la falta de transparencia sobre el destino final de ese dinero y los señalamientos de opacidad en su manejo.

Con este fallo, quedaría sepultada cualquier posibilidad de recuperar los fondos que alguna vez financiaron la investigación científica y la infraestructura ante catástrofes en el país.

Con información de Salvador Maceda