Tras críticas, Ricardo Gallardo veta ‘Ley Esposa’ en SLP

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, vetó la iniciativa de reforma a la ley electoral local que obligaba a los partidos políticos a postular a una mujer para la gubernatura en 2027, conocida como “Ley Esposa”.

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Tras la polémica aprobación, que fue descalificada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario solicitó al Consejo Estatal y de Participación Ciudadana (Ceepac) replantear la iniciativa y abrir una nueva discusión para “fortalecer la igualdad de género sin generar controversias legales”.

El mandatario estatal informó que la decisión de frenar la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado obedece a la necesidad de garantizar la certeza jurídica del proceso.

Señaló que el texto actual presenta “serias dudas de constitucionalidad” y podría vulnerar los derechos políticos de otros aspirantes al cargo, lo que derivaría en impugnaciones legales futuras.

La reforma había sido denominada mediáticamente y por la oposición como la “Ley Esposa”, pues opositores señalaron que la modificación legislativa parecía estar diseñada para beneficiar una eventual candidatura de la actual senadora del Verde, Ruth González, esposa del gobernador.

Ante estos señalamientos, Gallardo Cardona desestimó las acusaciones de que la ley fuera un “traje a la medida” y enfatizó que el veto busca evitar la desinformación.

“La vamos a vetar, la vamos a echar para atrás para que sea revisada”, declaró el mandatario, subrayando que su administración no se opone a la paridad de género, sino a la falta de sustento jurídico de esta propuesta específica.

Tensión en la 4T por Ley Esposa

La aprobación de esta reforma generó fricciones con Morena, aliados del Partido Verde.

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, expresó su rechazo a las iniciativas conocidas, argumentando que no son la vía constitucional para garantizar la paridad de género.

Según Alcalde Luján, la Constitución ya establece mecanismos claros para la participación femenina en cargos de elección, por lo que no considera necesario reformar las leyes locales para obligar a una alternancia de género entre periodos.