Camionetas de lujo y datos ocultos: la nueva Corte tropieza con la transparencia

La polémica por la compra de camionetas blindadas de lujo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a exhibir una brecha profunda entre el discurso de transparencia de la nueva integración del máximo tribunal y la realidad del acceso a la información pública. El caso de los vehículos, con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos por unidad, se convirtió en un detonante que puso en evidencia una serie de opacidades, vacíos informativos y prácticas discrecionales en el Poder Judicial de la Federación.

La nueva Suprema Corte ha sostenido en actos públicos que busca construir una justicia abierta, accesible y transparente. Sin embargo, en la práctica, la información básica sobre su operación administrativa y presupuestal no se encuentra disponible de manera completa y accesible en sus portales institucionales, lo que ha obligado a que las aclaraciones se den únicamente tras cuestionamientos directos de la prensa.

La explicación llegó solo tras el cuestionamiento

En la conferencia de prensa convocada tras el escándalo por las camionetas, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reconoció que en ese momento no estaba disponible en el portal de transparencia la información sobre los servidores públicos, sus cargos y sus percepciones, al señalar que se encontraban en un proceso de homologación. Aseguró que no existía ninguna instrucción para restringir la información y que esta sería puesta a disposición del público una vez concluido ese proceso.

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La explicación, sin embargo, se dio únicamente después de que fue cuestionado por reporteros. No existió una comunicación institucional previa que explicara la desaparición o ausencia de esos datos en las plataformas oficiales de transparencia del Poder Judicial. Tampoco se emitió una nota aclaratoria, comunicado o aviso preventivo para informar a la ciudadanía y a los solicitantes de información sobre ese proceso de ajuste.

Compra sin transparencia

El caso de las camionetas se convirtió en un ejemplo emblemático de las fallas en la publicación de información. Los contratos, facturas, expedientes de compra, proveedores y procesos de adjudicación de los vehículos no se encontraban disponibles en los portales de transparencia. Fue el propio ministro presidente quien reconoció públicamente que esa información debía ponerse al alcance del público.

La falta de documentación pública sobre una adquisición de alto impacto presupuestal contrastó con el discurso de austeridad y transparencia que la nueva Corte ha buscado posicionar como parte de su narrativa institucional. La adquisición de vehículos blindados, en un contexto de discurso público sobre contención del gasto, se convirtió en un caso que reactivó cuestionamientos sobre la opacidad en las decisiones administrativas del máximo tribunal.

Promesas de transparencia

Las fallas en materia de transparencia no son menores si se contrastan con los compromisos formales asumidos por la propia Corte. El 8 de diciembre de 2025, al instalarse el Comité Especializado en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ministro Arístides Guerrero afirmó que: “la transparencia es la base sólida de la confianza social y es el antídoto más poderoso contra la impunidad” y que cada acción del tribunal debía realizarse como una caja de cristal para brindar certeza a la ciudadanía.

En ese mismo acto, Guerrero sostuvo que uno de los retos centrales era romper el distanciamiento entre la ciudadanía y la justicia mediante apertura e información clara, ahí donde antes prevalecían puertas cerradas y procesos inaccesibles.

“Hoy el reto fundamental es romper con ese distanciamiento que existía entre la ciudadanía y la justicia, brindando además apertura, información clara ahí donde antes prevalecían las puertas cerradas y los procesos inaccesibles”, afirmó.

Transparencia como asignatura pendiente

También reconoció que la transparencia era una asignatura pendiente en la Suprema Corte y detalló que el Comité Especializado no había sesionado durante 863 días, lo que implicó recursos de revisión sin resolver y solicitudes de acceso a la información pendientes durante años.

“La transparencia, hay que decirlo, es una asignatura pendiente”, sostuvo Guerrero, al señalar que la falta de sesiones del comité implicó recursos de revisión sin resolver y solicitudes pendientes desde años anteriores.

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El ministro que preside el Comité de Transparencia planteó entonces que el objetivo era implementar una verdadera justicia abierta, cumplir con las obligaciones comunes y específicas de publicación de información y aspirar a una calificación de 100 por ciento en transparencia mediante una evaluación rigurosa del portal institucional.

“Una vez que instalamos este comité de transparencia, el gran reto es la implementación de una verdadera justicia abierta. Porque hablar de justicia abierta implica hablar de transparencia”, señaló.