
Foto: Redes Sociales
El abogado Epigmenio Mendieta señaló que la FGR incumplió la orden judicial de entregar completa la carpeta de investigación ligada al contrabando de combustible.

La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contralmirante Fernando Farías Laguna acusó a la Fiscalía General de la República de incumplir una orden judicial que instruía la entrega íntegra de la carpeta de investigación en la que los implican en una red criminal de huachicol fiscal, denominada “Los Primos”.
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Actualmente el vicealmirante Manuel Roberto está preso en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, mientras que su hermano Fernando permanece prófugo de la justicia, pues cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y una ficha roja de Interpol para su localización internacional.
En un comunicado, el abogado Epigmenio Mendieta señaló que al acudir a la Fiscalía, la autoridad ministerial volvió a incumplir la instrucción judicial que establecía la entrega completa de los 20 tomos que integran la carpeta, sin testaduras.
De acuerdo con la defensa, la Fiscalía únicamente entregó cuatro de los seis tomos pendientes, manteniendo una entrega fragmentada de la investigación. Además, denunció que se han proporcionado documentos con información testada y que se ha negado el acceso a la carpeta original.
Afirmó que los agentes del Ministerio Público Federal han omitido fijar fecha y hora para que la defensa recabe las entrevistas de cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal, quienes habrían referido la existencia de un supuesto video que, hasta ahora, no ha sido mostrado a la defensa.
La firma jurídica informó que continuará ejerciendo las acciones legales correspondientes para que se cumpla lo ordenado por la autoridad judicial y se garantice el derecho a una defensa adecuada.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta relacionada con una presunta red de contrabando de hidrocarburos denominada “Los Primos”. El expediente, se centra en el ingreso irregular de combustibles a territorio nacional a través de terminales marítimas en el Golfo de México, principalmente en los puertos de Tampico, Altamira y Tuxpan.
El núcleo de la indagatoria federal se sostiene sobre tres ejes principales. En primer lugar, se indaga una posible defraudación fiscal mediante la entrada de al menos 31 buques, entre los que destaca el Challenge Procyon, cuyos cargamentos de diésel habrían sido declarados falsamente como aditivos para aceites lubricantes. Esta maniobra técnica tenía como fin omitir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), generando un impacto directo en la recaudación federal.
Complementariamente, busca acreditar la existencia de una estructura de delincuencia organizada que integraba a mandos navales, personal de aduanas y empresas navieras internacionales, quienes presuntamente coordinaban la logística necesaria para el desembarque del combustible.
Finalmente, las pesquisas rastrean movimientos financieros inconsistentes con los ingresos declarados por los implicados, identificando el uso de primas de seguros millonarias y operaciones en casas de apuestas como posibles mecanismos para el blanqueo de capitales.

Desde su reclusión en “El Altiplano”, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna dirigió una misiva a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en la que expone su postura frente al proceso judicial.
En el documento, el mando naval sostiene que las acusaciones en su contra carecen de sustento y afirma ser víctima de una fabricación de pruebas motivada por presuntas venganzas políticas e internas dentro de la institución.
La carta busca la intervención del Ejecutivo para revisar las irregularidades procesales que, según su defensa, han vulnerado sus derechos fundamentales, al tiempo que rechaza su vinculación con la red de contrabando de hidrocarburos investigada por la Fiscalía.
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El 22 de enero pasado, el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, confirmó la baja definitiva de los hermanos Farías Laguna de las filas de la institución.
La Secretaría ejecutó esta separación administrativa bajo el argumento de que ambos mandos se encuentran imposibilitados para cumplir con sus deberes orgánicos. Uno al enfrentar un proceso penal en reclusión y el otro al mantener su estatus de prófugo de la justicia.
Aunque la defensa legal de los marinos promovió diversos amparos con el fin de suspender la medida y preservar el goce de sueldos y prestaciones, la institución formalizó el cese de funciones, extinguiendo así su vínculo laboral y jerárquico con la Armada de México.
