Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a una larga disputa legal. Los ministros determinaron que la ley aprobada en 2020, que eliminó diversos fideicomisos y fondos especiales, no va en contra de la Constitución.
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Aunque un grupo de senadores intentó frenar esta medida, la Corte concluyó que el Congreso actuó dentro de la ley al reorganizar estos recursos.
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Según los jueces, los fideicomisos son solo “herramientas” que el Gobierno usa para guardar y gastar dinero. Por eso, el hecho de que se cierren estas cuentas no significa que se quiten derechos a las personas, sino que simplemente cambió la manera de administrar el presupuesto.
La Corte señaló que mientras el cambio sea razonable y busque un manejo más limpio del dinero, el Gobierno federal tiene la facultad de hacerlo.
Foto: Captura de pantalla
¿Qué pasará con los apoyos?
Al analizar el caso, los ministros aclararon que la desaparición de estas bolsas de dinero no debe usarse como pretexto para dejar de cumplir con las obligaciones del Estado. Estos son los puntos clave de la decisión:
- El dinero sigue siendo una obligación: Aunque el “ahorro” o la cuenta de banco (fideicomiso) ya no exista, el gobierno tiene el compromiso de seguir financiando la ciencia, la tecnología o la ayuda en desastres. Ahora deberá hacerlo a través del presupuesto normal de cada año.
- No se puede dar marcha atrás: La Corte recordó el “principio de progresividad”. Esto significa que el Estado no puede dar un paso atrás en la protección de los derechos; si antes había un apoyo, este debe continuar aunque sea con otro nombre o mecanismo.
- Leyes que ya no existen: La Corte también notó que muchas de las leyes que los senadores querían proteger ya fueron cambiadas o borradas por otras nuevas desde el 2020, por lo que esas partes de la queja ya no tenían sentido de ser discutidas.
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La SCJN determinó que el Gobierno federal puede aplicar medidas de austeridad y eliminar estas estructuras financieras, siempre y cuando garantice que los apoyos lleguen a la gente de forma directa y transparente a través del presupuesto federal ordinario.
